Este viernes se dio la clausurua del Sexto Congreso Empresarial Colombiano organizado por la Andi, al cual asistieron varios precandidatos a la presidencia. Pero el turno este último día fue para el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa; la procuradora, Margarita Cabello y el contralor, Carlos Felipe Córdoba, pero fue el primero quien se refirió puntualmente a lo sucedido con Epa Colombia.
Barbosa fue completamente enfático en que la decisión era la correcta y dijo se siente conforme. “Es una decisión que debe repestarse y que manda un buen mensaje al país. Yo me alegro profundamente con esa sentencia porque la Fiscalía pidió la condena”, aseveró para luego agregar que no permitirán que “sea absolutamente natural el destruir el mobiliario público del país”.
Además Barbosa se refirió a las críticas en redes sociales en las que compararon el proceso de Barrera con casos de corrupción y las sanciones que les imponen. “No podemos justificar alguno de los elementos que han generado alguna controversia y que muchas veces también hacen parte de la incompresión del sistema penal en Colombia”, dijo el fiscal.
Y continuó diciendo que algunas penas resultan conflictivas para la sociedad porque no se tiene en cuenta que en medio a veces hay principios de oportunidad que se ofrecieron desde la Fiscalía a los procesador por colaborar con la justicia para destapar bandas criminales de corrupción.
En el caso de los 70 mil millones de pesos que no aparecen, Barbosa dijo que es un caso priorizado dentro de la dirección Anticorrupción de la Fiscalía. Explicó que investigan a unos funcionarios que están involucrados en la evaluación y aprobación de los documentos precontractuales. La otra investigación se centra en el contratista y “otra obre cómo se produjo el giro de esos recursos, derivados del contrato de administración de fiducia y pagos, derivado del contrato principal y cómo se presentó esa aprobación y giro de recursos”.
Frente a este caso, W Radio dio a conocer unos audios que se filtraron de una reunión que sostuvo la jefe de la cartera con sus funcionarios, en la que se mostró indignada por lo sucedido.
“Me siento indignada, porque he confiado en un equipo y me siento muy frustrada (...), jamás me imaginé que me podrían llegar estas cosas y mucho menos que de aquí se estuviera filtrando información (...)”, se escucha decir a la ministra.
En la reunión, que ocurrió la semana pasada, Abudinen expresó: “Quiero que sepan (que) se tiene que saber la verdad, porque la verdad, si alguno de ustedes la tiene y no la ha dicho, estaría de verdad atentando y siendo cómplices de una situación penosa y vergonzosa”.
El contrato con Centros Poblados fue adjudicado en un principio por un valor de un billón de pesos. Pero luego de las revelaciones de W Radio se supo que esta unión temporal no tenía ni la experiencia, ni la capacidad técnica y financiera para poder ejecutar el contrato, además de que presentó pólizas falsas para ganarse la licitación.
Días después de conocerse que no había claridad sobre el paradero de los 70.000 millones de pesos que alcanzó a desembolsar MinTIC, la ministra aseguró en su cuenta de Twitter: “No permitiré que se pierdan estos recursos. A lo largo de toda mi vida política he obrado con la mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción”.
Pero no es el único problema que hubo con la unión temporal que se ganó la licitación. En entrevista con La República, Abudinen explicó que también hay una audiencia por presunto incumplimiento para pedir explicaciones al contratista por su retraso en la ejecución del contrato. El acuerdo establecía que a abril 30 debía haber entregado 750 escuelas rurales conectadas y no había entregado ninguna.
Sobre si cree que hubo fallas en el MinTIC al momento de adjudicar ese contrato son ellos quienes evalúan las mejores opciones al abrir una licitación y más una que incluya una cantidad de recursos tan grande, la ministra dijo: “Si estamos en esta situación, tal vez en algo fallamos y estamos haciendo las investigaciones para identificar en qué y tomar los correctivos para que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Pero tenemos la tranquilidad que cumplimos con los procedimientos de la Ley 80, en el manual de contratación del Ministerio y demás normas aplicables”.
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