Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP abrir cuatro nuevos macrocasos

La Procuraduría General de la Nación solicitó este jueves a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrir cuatro nuevos macrocasos para que se investiguen los métodos de guerra ilícitos, el desplazamiento forzado, la violencia sexual y la desaparición en el marco del conflicto armado en Colombia.

El Ministerio Público pidió a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, de Determinación de Hechos y Conductas del tribunal de paz materializar la selección de estos nuevos macrocasos por solicitud de las víctimas, con el fin de que se cumpla la obligación de juzgar los graves crímenes que han sido documentados por la entidad.

“Teniendo en cuenta la magnitud de la victimización de casos y, a su vez, la identificación de las prácticas macrocriminales perpetradas por actores armados a lo largo del conflicto, el ente de control pidió a la JEP que para estos macrocasos se desarrollen estrategias de investigación que respondan a las demandas y afectaciones de las víctimas, dado que resulta imperioso superar las condiciones que llevaron a la ocurrencia de estos hechos y garantizar su no repetición”, señaló la Procuraduría.

En ese sentido, el ministerio público argumentó que para realizar esta petición se llevó a cabo una recopilación de diferentes fuentes de información a través de un análisis cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos crímenes, en las que se contemplaron fuentes oficiales como instituciones del Estado y organizaciones de víctimas que solicitaron intervención ante la justicia transicional.

Con relación a los macrocasos, la Procuraduría señaló que logró identificar más de 80.000 víctimas de desaparición forzada en el país en el marco del conflicto armado, lo que constituye una práctica sostenida y deliberada por parte de los actores armados que son competencia de la JEP y registran altos índices de impunidad.

“Con respecto a la solicitud de apertura del macrocaso de violencia sexual y violencia basada en género, la Procuraduría identificó un universo de más de 2.000 víctimas en el que se enfatiza la instrumentalización del cuerpo de la mujer como una forma de ejercer autoridad y control por parte de los grupos armados, así como el impacto desproporcionado que estos hechos generan en niños, niñas y adolescentes y la población étnica y LGTBI”, señaló la entidad.

A su vez, manifestó que llevó a cabo un estudio del desplazamiento forzado en el que se integró un enfoque diferencial y territorial, razón por la cual expresó que este nuevo macrocaso constituye un imperativo constitucional con un impacto en más de siete millones de víctimas en Colombia que fueron obligadas a “abandonar su lugar de origen, fraccionando sus formas de vida y exponiéndose a vivir en especiales condiciones de vulnerabilidad”.

“Finalmente, frente a la reiteración de la apertura del caso sobre métodos y medios de guerra ilícitos, el Ministerio Público alertó sobre una serie de acciones indiscriminadas en contra de la población civil que se cometieron a manos de actores armados, entre ellas, actos de terrorismo, el uso de minas antipersonal y sensibles daños medioambientales, ocasionando enorme sufrimiento a las víctimas del conflicto armado”, concluyó la Procuraduría.

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