Gobierno nacional solicitó ayuda del FBI y la OFAC para solucionar el escándalo del MinTIC

El escándalo de contratación en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) sigue escalando, esta vez a esferas internacionales, luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, anunciara que la nación solicitó la colaboración de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y al FBI para esclarecer la situación y encontrar a donde se fue el anticipo de 70.000 millones de pesos entregados a la Unión Temporal Centros Poblados.

Dichas agencias se unen a los procesos que ya abrieron otras entidades de la órbita nacional, como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación. Esta última abrió desde el 27 de julio una indagación preliminar para determinar qué sucedió con el contrato suscrito con la dicha empresa para llevar una conexión a internet estable a los colegios públicos del país.

Valga recordar que, el MinTIC adjudicó dicho contrato en diciembre de 2020 por un valor total de 2.1 billones de pesos con Comcel y la Unión Temporal Centros Poblados, para que estos contratistas se encargaran de instalar 15 mil centros digitales para conectar a internet a los colegios públicos en las zonas rurales más apartadas del país. Sin embargo, a pesar de que el contrato inició en diciembre del año pasado, hasta abril de 2021 solo se había ejecutado el 1 % del mismo.

Así lo denunció W Radio, que conoció el contrato y las resoluciones del mismo y aseguró que, antes de que se adjudicara, en la entidad ya se había cuestionado la empresa que lo iba a ejecutar porque el contratista que se ganó la región B, la Unión Temporal Centros Poblados, no contaba con la experiencia para poder llevarlo a cabo.

Han pasado ocho meses desde que la adjudicación la Unión Temporal Centros Poblados empezó a incumplir las metas propuestas y no estaba instalando los puntos digitales que se encontraban dentro del calendario de la entrega de la contratación.

En su defensa, el abogado de esa empresa, Jorge Pino Ricci, le dijo a RCN Radio que, “para evitar mayor perjuicio al ministerio y que este proyecto pueda continuar, para que el contrato se pueda ejecutar y se continúen instalando puntos de Internet en todas las escuelas rurales, la Unión Temporal Centros Poblados se hace a un lado para ceder el contrato a una gran multinacional que haría buen uso de la garantía del anticipo, aunque se tiene certeza que el anticipo de los 70 mil millones de pesos ha sido invertido en acciones propias del contrato”.

Igualmente, advirtió que en el tema ya está interviniendo la empresa aseguradora del contrato, Rave Corredores de Seguros, que sería el garante para contactar a los funcionarios del Banco Itaú encargados de cuidar la fiducia bajo la cual se están manejando los dineros en cuestión.

“No era fácil conseguir una garantía por 260 mil millones de pesos y empresas como Seguros del Estado no tenían la capacidad para asumir esa solicitud. No había mucho interés en las aseguradoras colombianas, tenían que unirse varias y por eso Rave indicó que habían encontrado una persona en el Banco Itaú que brindaba esta garantía”, dijo el profesional.

Ante esos testimonios, y otros ofrecidos a Blu Radio, la aseguradora pidió al defensor que rectificara algunos datos, pues la garantía bancaria del contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados no funcionaría como este la describió.

“RAVE Seguros NO ha recibido ningún recurso de su representado por ninguna gestión relacionada con el trámite de garantías bancarias como efectivamente lo certifica nuestra revisoría fiscal. RAVE Seguros NUNCA ha intermediado garantías bancarias, no hace parte de nuestro portafolio de servicios. RAVE Seguros intermedió para su representado una póliza de responsabilidad civil extracontractual numero 12537 por valor de ciento setenta y ocho millones quinientos mil pesos, los cuales su cliente consignó directamente a la compañía aseguradora, no al intermediario”, aseguraron en el siguiente documento:

A pesar de la polémica, el presidente Iván Duque agregó en su anuncio sobre la intervención del FBI que la ministra Karen Abudinen, sobre la que recayó todo el escándalo, es una mujer “honorable y trabajadora”. Esta, por su parte, estaría alistando su renuncia a la jefatura del Ministerio de las TIC.

SEGUIR LEYENDO: