Fiscalía solicitó audiencia de imputación contra Mario Montoya por ejecuciones extrajudiciales

La Fiscalía ya radicó la solicitud de audiencia de imputación de cargos en la que acusará a Mario Montoya Uribe, general retirado del Ejército, por su presunta responsabilidad en al menos 104 homicidios de civiles entre 2007 y 2008 que posteriormente fueron reportados como resultados operacionales, es decir ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el ente investigador, hay pruebas de que el oficial retirado, cuando se desempeñó como comandante del Ejército Nacional, desconoció la directiva del comandante general de las Fuerza Militares que ordenaba privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales y las capturas de guerrilleros; en su lugar, Montoya Uribe habría ejercido presión por cifras de muertes en combate.

“Montoya Uribe, supuestamente, ejerció presión a todos los jefes de divisiones, brigadas y batallones para que cumplieran una estrategia diferente que, al parecer, premiaba y otorgaba condecoraciones a los comandantes y grupos que reportaban muertos”, informó la Fiscalía sobre la solicitud de audiencia de imputación.

La investigación de la Fiscalía apunta a que ese modelo que instauró Montoya Uribe, supuestamente en contra de lo que ordenaban sus superiores, habría auspiciado el homicidio de 104 civiles, entre los cuales hay cinco menores de edad, que fueron presentados como bajas en enfrentamientos, pero en realidad fueron asesinados en estado de indefensión y no pertenecían a ninguna organización criminal. Es decir, parte del episodio del conflicto armado conocido como falsos positivos.

“Adicionalmente, hay indicios de que el general en retiro habría promovido maniobras para evitar que quedaran en evidencia sus instrucciones”, señaló la Fiscalía. Por lo cual, el ente investigador acusará a Mario Montoya Uribe de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Tras la solicitud de audiencia de imputación, la Fiscalía espera la fecha que defina el Tribunal Superior de Bogotá para el cumplimiento de la diligencia.

Ahora, tras la imputación y la solicitud de audiencia por parte de la Fiscalía, el proceso de Montoya Uribe pasará a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que corra su trámite dado que el general en retiro se sometió a esta justicia desde 2018. Por eso no se solicitará medida de aseguramiento ya que, explicó el fiscal general Francisco Barbosa a la Revista Semana, tienen la restricción por parte de la Ley Estatutaria de la JEP.

Tras esto, el tribunal de paz expedirá las conclusiones del tema y asumirá su competencia y la Fiscalía llegaría hasta allí, a menos que Montoya sea expulsado de la JEP por incumplimiento. Por ahora, el ente acusador prepara otras imputaciones contra la fuerza pública así como contra exmiembros de las Farc.

Montoya, en la JEP, no ha aceptado su responsabilidad en los hechos, pese a que en la investigación, 11 comparecientes lo han mencionado directamente a él como responsable ante el tribunal de paz, mientras que también aparece en siete informes de organizaciones sociales y víctimas.

Montoya ha sido mencionado en casos de falsos positivos desde que era comandante del Ejército Nacional, entre el 21 de febrero de 2006 y el 5 de noviembre de 2008. Sobre estos hechos, las víctimas aseguran que está involucrado en al menos 2.429 casos de falsos positivos bajo su mando.

Sin embargo, el general en retiro ha esquivado su responsabilidad como comandante, y ha culpado a los soldados rasos. “Yo no exigí bajas, exigí operaciones. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar ni que me enteré que habían matado. Nunca. Para mí los que cometieron eso (falsos positivos) son unos cobardes. (...) Fue terrible. ¿Cómo así que se tenía que reportar un número determinado de bajas para dar una condecoración? Eso fue una equivocación”, dijo en una declaración ante la JEP.

El fiscal Barbosa emitió la circular 005 de 2021, con la que estableció la competencia de la Fiscalía aún en comparecientes de la JEP, hasta la etapa máxima procesal. Aunque no hay un choque de trenes, el ente investigador respondió a la solicitud de las víctimas sin embargo, solo un organismo puede realizar el juicio y condenar al sindicado.

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