“Clasista y desproporcionado”, así reaccionaron las redes ante la condena de cinco años contra Epa Colombia

Este jueves el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 63 meses de cárcel a Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’ por daño en bien ajeno y perturbación en el transporte público. Desde que se conoció las redes sociales estallaron y señalaron masivamente que la condena contra la influenciadora y actual empresaria es desproporcionada y clasista. Resumen del caso.

El senador Gustavo Bolívar comparó algunos casos judiciales con el de Epa Colombia, como el del conocido Andrés Escobar, quien el pasado 28 de mayo disparó su arma de fogueo en el barrio Ciudad Jardín en Cali. “Epa Colombia por romper un tablero en TM: 5 años. Ministra q regala 70.000 millones a su entorno corrupto: honorable. Paramilitar Andrés Escobar: tour de medios Exmilitares q torturan y asesinan a Pte de Haití: héroes engañados Deudor moroso por quiebra: ladrón estafador”.

La periodista Vicky Dávila dijo que las decisiones judiciales se respetan, pero “me parece muy injusto meter cinco años a la cárcel a Epa Colombia, mientras lo vándalos-terroristas siguen libres, y los vimos actuar y quedaron en videos”.

El activista político conocido como Beto Coral comparó también condenas como la que se le aplicó al exsenador Eduardo Pulgar que recibió 58 meses de prisión por sobornar a un juez de la República, mientras que ‘Epa Colombia’ recibió 61.

También el influenciador ‘Me dicen Wally’ se pronunció diciendo que “mejor se hubiera puesto a traficar cocaínas o a embolatar 70 mil millones de pesos, le hubiera ido mejor”, en tono sarcástico. Por su parte el periodista Daniel Samper Ospina también dijo que para que la dejaran en paz debió haberse tumbado “70 mil millones de pesos para la educación virtual de los niños pobres”.

El periodista Feliz De Bedout calificó la condena como desproporcionada, al igual que otros usuarios. Por otro lado la concejal de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto señaló que la justicia fue selectiva y clasista con la empresaria.

El caso

En noviembre de 2019, Daneidy Barrera salió a marchar en el paro nacional que se daba en ese momento en el país en contra del Gobierno de Iván Duque, pero la mujer decidió realizar un video para sus redes sociales, asegura ella, por consejo de amigos cercanos. En el audiovisual la joven tomó un martillo y dañó los vidrios y controles de los torniquetes de la estación Molinos de Transmilenio y lo subió a sus redes sociales. Ahí empezó su proceso judicial.

Ante esto, días después la Fiscalía le imputó los delitos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas, pero en su momento ella no aceptó los cargos. El ente acusador también pidió una medida de aseguramiento en su contra mientras avanzaba el proceso, sin embargo, esta última no se llevó a cabo.

Pero sí se logró que le prohibieran el uso de sus redes sociales y Daneidy tuvo que cerrar sus cuentas por unos meses, sin embargo, su defensa logró demostrar que este medio era su entrada económica principal y que la usaba para apoyar su familia y por ende le avalaron su regreso a las redes.

Sin embargo, el 13 de marzo de 2020, el juzgado segunda especializado de Bogotá la condenó por los delitos de perturbación en servicio de transporte, instigación a delinquir y daño a bien ajeno por tres años y medio, delitos que se declaran excarcelables, por lo tanto no fue a prisión. Ante esta condena, la Fiscalía, víctimas (Transmilenio S.A y Recaudo Bogotá) y la Procuraduría General de la Nación apelaron la decisión porque consideraron que los delitos eran con fines terroristas y, para ellos, merecía una condena mayor para lograr la restricción a su libertad.

En su momento la jueza dijo que se llegó a considerar cárcel porque los delitos lo podrían ameritar pero en el caso de Barrera, ella no tenía antecedentes penales. Además, la funcionaria judicial no validó el delito de instigación a delinquir, lo que pudo reducir su condena, además de que la misma implicada aceptó cargos, lo que redujo su condena.

Y eso fue lo que resolvió el Tribunal Superior de Bogotá este jueves condenando a la empresaria a 63 meses y 15 días de prisión en centro carcelario sin derecho a prisión domiciliaria dado que ahora sí validó el pedido de la Fiscalía de considerar el cargo de instigación a delinquir. Además, deberá pagar una multa de 492 salarios mínimos, es decir, más de 407 millones de pesos.

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