Solicitudes de insolvencia aumentaron durante el primer semestre de 2021

Este martes 10 de agosto, la Superintendencia de Sociedades dio a conocer el impacto económico del inventario y de las solicitudes y admisiones de insolvencia en las empresas en medio de la emergencia sanitaria del covid-19.

De acuerdo con el informe presentado, durante el primer semestre del presente año la entidad recibió 485 empresas a reorganización y 130 a liquidación para un total de 615 solicitudes de insolvencia, lo que sería un 36 % más comparado con el primer semestre de 2020.

Asimismo, el inventario consolidado arrojó un total de 3.679 procesos de insolvencia con activos por $ 67 billones y 200.287 trabajadores, de los cuales 2.942 son procesos de reorganización (en trámite 1.257 y en ejecución 1.685) y 737 son procesos de liquidación.

Del total de procesos, 235 empresas pertenecen al sector de agricultura, 855 de comercio, 421 de construcción, 638 de manufactura, 66 del minero y 1.065 de servicios, mientras que las restantes corresponden a personas naturales.

Para la entidad, estos procesos, procedimientos y trámites de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades buscan brindar una “respuesta rápida y eficaz” a las empresas en dificultades económicas y la protección del empleo.

Asimismo, Juan Pablo Liévano, superintendente de Sociedades, destacó la importancia de las medidas de insolvencia adoptadas en los decretos legislativos 560 y 772 de 2020, las mejoras en herramientas tecnológicas y el gran trabajo de todos los funcionarios de la entidad.

“Si bien han aumentado las solicitudes de insolvencia por la crisis empresarial, es necesario indicar que los ajustes realizados para mejorar la capacidad operativa, tanto de las intendencias como de la Delegatura, han dando frutos. De hecho, destaco en este resultado la importancia de las medidas de insolvencia adoptadas en los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, las mejoras en herramientas tecnológicas y el gran trabajo de todos los funcionarios de la Superintendencia”, señaló Liévano.

Además, se evidenció un aumento de los acuerdos de reorganización en ejecución, al pasar de 1.190 a diciembre 31 de 2019, a 1.685 a 30 de junio de 2021, “lo que representa aproximadamente 495 empresas rescatadas en ese periodo, y el estudio y trámite del 97,39 % de las solicitudes presentadas desde el primero de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2021”.

Por último, la entidad expuso que con respecto al tipo de solicitudes admitidas a procesos o trámites de insolvencia durante el primer semestre de 2021, el informe del control y vigilancia señaló que un 76.33 % acudieron al uso de los mecanismos de insolvencia creados por los decretos legislativos.

Cabe recordar que, el pasado 6 de agosto a través de la SuperSociedades, el Gobierno nacional, expidió el decreto 854 del 3 de agosto de 2021, el cual establece que las juntas directivas de las empresas tienen la obligación de analizar anualmente los estados financieros, levantar alertas o advertir si ven situaciones de deterioro patrimonial o riesgos de insolvencia.

Según el decreto, en caso tal de evidenciarse este tipo de riesgos, se deben tomar acciones tempranas para evitar crisis mayores como la quiebra de la compañía.

“Esta reglamentación tiene como propósito indicar cuándo se debe verificar la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha y establecer las alertas y criterios sobre deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia, de manera que los administradores y asociados puedan anticipar posibles afectaciones financieras y tomar decisiones oportunas para continuar el normal desarrollo de los negocios, con el fin contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y más empresa, más empleo”, indicó Liévano.

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