“Si no cumplo, al cementerio”: le recuerdan promesa a la ministra de las TIC por contrato que tiene 70 mil millones de pesos embolatados

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen está envuelta en una polémica desde hace una semana por un anticipo de 70 mil millones de pesos que se le pagó a un contratista y que está embolatado. Aunque la alta funcionaria dijo que ese dinero iba a volver, por ahora es incierto cómo se hará.

Por eso en redes le recordaron una entrevista que dio a Noticias Caracol en abril de este año afirmando que sí o sí a finales de ese mes iba a entregar más de 1.500 centros digitales en colegios rurales y que para octubre iban a estar los 8.786, que era el objetivo del contrato. Sin embargo, a la fecha, no hay ninguno en marcha.

En la entrevista Abudinen recordó que el contrato que se adjudicó en diciembre a Centros Poblados iba a empezar a dar resultados para el 30 de abril con 1.529 colegios conectados por estos centros digitales; para mayo habrían 1.500 más y “para octubre, ni siquiera diciembre, vamos a tener los 8.700 colegios conectados”.

El periodista le dijo que estaba comprometiéndose en vivo y ella recalcó que si no cumplía iba a poner la cara. “Estamos detrás de los operadores, detrás de los contratistas porque los niños y jóvenes y familias colombianas son lo más importante porque conectividad es equidad”, explicó Abudinen en abril.

Y luego se sentenció ella misma: “si no cumplo le voy a decir a dónde me llevan, y se lo digo aquí porque esto hay que cumplirlo: al cementerio. Así se lo pongo”. Finalmente el contrato no se cumplió.

Todo inició en diciembre cuando el Ministerio de las TIC, tras un polémico concurso, le adjudicó un contrato a Comcel y a la Unión Temporal Centros Poblados para instalar 8.7086 centros digitales en el Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. El contrato fue por $1.07 billones.

De ese dinero, el Ministerio de las TIC alcanzó a desembolsar $70.000 millones como anticipo a la unión temporal, pero particularmente uno de los miembros de ella no contaba con la experiencia para instalar estos centros, incluso, ni siquiera tenía algo que ver con el sector de las telecomunicaciones y quedó demostrado cuando para abril de este año solo contaba con un avance del 1,2 % del contrato pero sin instalar ni un solo punto digital, mientras que Comcel (Claro) ya había adelantado 700.

Luego se conoció que Centros Poblados, en la licitación, presentó una garantía falsa del Banco Itaú, lo que advirtió la misma ministra el pasado 25 de junio. Ante esto y los retrasos en la ejecución, la ministra Abudinen declaró el pasado 29 de julio la caducidad del contrato 1042 de 2020 adjudicado a la Unión Temporal.

Por su parte, el abogado de Centros Poblados dijo que no descarta demandar a la Nación en caso de que se declare la caducidad del contrato dado que, según él, solo un juez puede determinar que las garantías bancarias del banco Itaú son falsas. Sin embargo, en diálogo con Blu Radio dijeron que quieren ceder el contrato.

Como consecuencia se dieron cuenta que existe “una presunta ‘fábrica’ de documentos apócrifos” para obtener contratos públicos y que de esta manera la empresa logró ganarse el contrato con el MinTic a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios. En la cabeza de esas irregularidades se encuentra el empresario Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, constructor de grandes obras de infraestructura y quien, según investigaciones de La W, sirvió como intermediario para conseguir la garantía del banco Itaú con Centros Poblados.

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