En la tarde de este miércoles 11 de agosto, Jorge Enrique Robledo, senador del partido Dignidad, anunció que denunciará a los siete congresistas que archivaron el proceso contra Néstor Humberto Martínez por el caso de corrupción Odebrecht - Grupo Aval. La solicitud para abrir el proceso judicial se hará ante la Corte Suprema de Justicia y el delito que se aludirá es el de prevaricato.
“Ante la Corte Suprema de Justicia acusaré, por prevaricato, a los 7 representantes a la Cámara (de 16) que archivaron mi denuncia penal contra Néstor Humberto Martínez, por el caso de corrupción Odebrecht-Grupo Aval”, informó Robledo a través de su cuenta de Twitter.
Los 16 miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara estaban citados en la mañana de este miércoles a votar por este punto, pero solo 11 atendieron el llamado. De los presentes, únicamente Mauricio Toro y Wilmer Leal, del partido Alianza Verde, votaron en contra alegando que no hubo una investigación a profundidad.
Este argumento fue apoyado por el senador Robledo, quien es enfático al decir que la Comisión de Acusación actuó mal porque ni siquiera llamó a declarar a Martínez y tampoco le tomó testimonio al exfiscal Luis Gustavo Moreno.
“¿Nadie llama a declarar en la justicia colombiana a este fiscal que acusa a Néstor Humberto Martínez de ser el fiscal más corrupto de la historia? (...) No llamaron a declarar a Néstor Humberto Martínez a pesar del caudal de pruebas que presenté en su contra y no dio ninguna explicación al respecto y peor aún, no llamaron a declarar a Luis Gustavo Moreno que fue un fiscal de altísimo nivel que el propio Néstor Humberto nombró en la Fiscalía y que dijo que lo habían puesto en ese cargo para que hiciera mandados y actuara como sicario judicial para perseguir inocentes y absolver culpables”, dijo Robledo.
Teniendo esto en cuenta, los siete representantes que denunciará Robledo deberán responder una vez la Corte les notifique. Se espera que quien más se defienda en este caso sea Andrés Calle, del partido Liberal, quien presentó la ponencia de archivo de la indagación preliminar. El congresista lo hizo argumentando que no había mérito suficiente para continuar con las investigaciones.
Hay que recordar que Robledo interpuso la denuncia contra Martínez el pasado 2 de diciembre de 2019 después de cuatro debates de control político en los que el senador acusó a Martínez de tener conflictos de intereses con las compañías involucradas, que afectaban directamente las investigaciones del caso.
Robledo había solicitado la investigación en contra del exfiscal Martínez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ya cuando este había dejado su cargo. El propósito era indagar por los delitos de prevaricato por acción y omisión, tráfico de influencias, fraude procesal, extralimitación de funciones, abuso de autoridad, concierto para delinquir, entre otros, en sus actuaciones frente al caso Odebrecht.
“Quizá la mayor inconsistencia e irregularidad en la investigación de la Fiscalía de Martínez Neira es la casi nula investigación sobre los miembros del Grupo Aval, grave omisión que encuentra sentido si se tienen en cuenta los profundos vínculos de negocios y amistad que existen entre Néstor Humberto Martínez y Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Aval, y la gran cercanía de Martínez Neira en este asunto”, señaló el senador Robledo en su denuncia.
Las denuncias públicas del senador iniciaron incluso antes de que Martínez Neira llegara al cargo de fiscal. Robledo lo había señalado por los presuntos conflictos de intereses, mientras por el otro se le acusó al congresista de calumnia.
De acuerdo con Robledo, el fiscal Martínez sabía desde antes de llegar al cargo lo que estaba ocurriendo en el contrato de Odebrecht, puesto que el controller de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, le había advertido directamente a él las irregularidades que se estaban cometiendo.
Odebrecht en Colombia pagó cerca de 11 millones de dólares en sobornos para quedarse con la construcción de esa importante vía que conecta al Caribe con el resto del país, y lograr millonarias adiciones al contrato, que habrían significado ganancias por encima de los 50 millones de dólares. Las investigaciones tanto contra el Grupo Aval como Luis Carlos Sarmiento Angulo han sido archivadas por las autoridades en ese proceso judicial.
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