Se filtraron los precios de las vacunas contra el covid-19 y en el Gobierno temen que se afecte el despacho de nuevas dosis

La decisión del Consejo de Estado, que le dio la razón al fallo que ordena la publicación de los contratos por medio de los cuales se compraron las vacunas contra el covid-19 en Colombia, emitido por el Tribunal de Cundinamarca tiene preocupados en este momento a los organismos del Gobierno nacional, que aseguran que cumplirla podría poner en riesgo el abastecimiento de biológicos para el país.

De acuerdo con Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, la publicación de dichos acuerdos, o incluso de apartes, como los precios por los cuales se compraron las dosis para lograr la inmunidad contra el virus y las concesiones dadas por la nación, podría poner en riesgo al país, dados los acuerdos de confidencialidad firmados con las farmacéuticas que le proveen sus fórmulas a Colombia.

“La Secretaría Jurídica de Presidencia y los abogados del equipo jurídico de gestión de riesgo se encuentran reunidos y esta noche tendremos sesión de trabajo con farmacéuticas porque tenemos que evaluar, de cara a una publicación, si se realizan los contratos y que afecte el acuerdo de confidencialidad, cuáles pueden ser los impactos de tener esto en términos de despacho o cualquier otra situación en el tema de vacunas”, explicó el funcionario.

La reacción de muñoz se dio luego de que el director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, procediera a publicar en Twitter los que serían los precios pagados por Colombia a cambio del envío de las vacunas contra el covid-19: 12 dólares por dosis en el caso de Pfizer, y 6 dólares por dosis en el caso de AstraZeneca. Teniendo en cuenta que de las primeras se compraron 15.000.570, y que de las segundas fueron 9.984.000, el país habría gastado 180.006.840 dólares y 59.904.000 dólares, respectivamente.

De acuerdo con Enciso, se trata de “documentos publicados en link de LIBRE ACCESO en página web del Consejo de Estado”, y que decidió publicar a través de redes sociales dado que se trata de un tema de “interés nacional”. Posteriormente, los publicó en el sitio web de la entidad que dirige, señalando que “los contratos que firma el Estado son PÚBLICOS y el acceso a la información es un DERECHO FUNDAMENTAL, así quieran hacernos creer lo contrario.”

Muñoz, por su parte, empleó la misma red social para responder directamente a esa última declaración del director del Instituto, advirtiendo que “estos contratos no son cualquier contrato y no hay sentencia judicial en firme en tal sentido. Irresponsabilidad en el manejo de la información de las vacunas pone en riesgo el plan nacional de vacunación y como tal la vida y la salud de los colombianos”.

Valga recordar que, el escándalo estalló luego de que el Consejo de Estado le negara una tutela a la sociedad Janssen Cilag S.A, en apoyo con las empresas de Pfizer y AstraZeneca, con la que se quería tumbar un fallo emitido en mayo, en el que se le ordenó al Gobierno nacional entregar una copia de los contratos de adquisición de vacunas contra el covid-19 al Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción.

Ante la misma, la Sección Segunda de dicho tribunal resolvió “Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por Janssen Cilag S.A. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

La orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue el resultado de un recurso interpuesto por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, en cabeza del abogado Bejarano, ante el rechazo de la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres (Ungrd) de dar a conocer el contrato de adquisición de las vacunas contra el covid-19.

En ese entonces, el tribunal argumentó su decisión señalando que en los contratos no había ningún tipo de información que pusiera en riesgo la propiedad intelectual, que revelara secretos industriales, o que pusiera en peligro la salud pública.

Por ello, la instancia judicial había ordenado entregar en un plazo de tres días las copias firmadas de los contratos, además de detallar cuál fue el “modelo de contratación empleado, precio, plazo de cumplimiento de lo acordado en dichos instrumentos y Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalda los recursos con los cuales el Estado colombiano adquirió las vacunas contra el covid-19.”

Por orden del tribunal, también se tendrá que dar a conocer el domicilio de entrega de los biológicos de las farmacéuticas de AstraZeneca y Pfizer y especificar las fechas en las que ingresaron a Colombia, además de que si las vacunas ya contaban con la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia cuando se firmaron los contratos.

SEGUIR LEYENDO: