Policía responde al senador Wilson Arias por contrato de gorras

El congresista denunció que dichos artículos son más del doble de uniformados que hay en el país e hizo un llamado a la coherencia

Guardar

La Policía Nacional respondió a las denuncias que hizo el senador del Polo Democrático Wilson Arias sobre unas gorras de los uniformes y explicaron que el costo fue de $9.410 millones y que inició el 15 de octubre de 2020, durante la dirección del ahora retirado General Óscar Atehortúa, y que se extenderá hasta el 14 de agosto de este año.

El senador denunció que se compraron 367 mil gorras teniendo en cuenta que en Colombia hay cerca de 172 mil policías y le pareció extraña la inversión tras el cambio de uniforme de la fuerza pública, lo que dejaría obsoletas las gorras.

Por su parte el brigadier general, Henry Sanabria, director administrativo y financiero de la Policía dijo que del total faltan por distribuir 117.005 y que el contrato incluye también algunas de color negro para el Esmad y dijeron que la razón de tener tantas es porque a cada uno le toca de a dos.

También dijeron que las gorras verdes están destinadas para algunos departamentos de la institución e hicieron claridad en que sí se van a usar porque el uniforme azul (el nuevo) aplica solamente para los policías del modelo de vigilancia por cuadrante y que estos se irán extendiendo de manera gradual a toda la Policía hasta el segundo semestre de 2022.

“Se puede hablar de un costo normal de la producción que se venía realizando a través del Fondo rotatorio con los uniformes verdes, por eso se habla de cero costos, es el racional que se tenía y que se venía desarrollando de la confección de lo que llamamos el uniforme de servicio”, explicó el brigadier Sanabria.

El senador dijo en su denuncia que era “muy inteligente la @PoliciaColombia: dos meses antes de empezar a cambiar el uniforme, compran 367 mil gorras verdes, que quedarán obsoletas, para 172 mil policías. Como esos $9.400 millones es plata de la gente, no les importa”.

La investigación contra Wilson Arias

Sectores de la oposición han asegurado que la Procuraduría General de la Nación está siendo instrumentalizada para hacer una persecución política contra los congresistas que apoyan el paro nacional. Ante las acusaciones, la procuradora Margarita Cabello salió en defensa del organismo de control este 3 de junio y aseguró que abrir investigaciones contra los políticos cuestionados en este contexto era una necesidad.

“Las denuncias frente a varios funcionarios del Estado y de la oposición se habían presentado con antelación, ante la solicitud de premura había que hacerlas. Escuché por ahí que se decía que al haber abierto la investigación se esperaba que cambiaran las decisiones en el Congreso, eso no es cierto, en la Comisión Primera son 22 senadores y el voto de él no es suficiente. Todas las situaciones que merezcan apertura tengo que hacerlas, no es solo contra congresistas de oposición. Contra todos. Y esta es apenas una apertura de investigación, qué tal si fuera una investigación formal”, dijo Cabello en diálogo con Caracol Radio.

Durante la entrevista, la procuradora aseguró que las investigaciones se han abierto porque varios ciudadanos los denunciaron ante el organismo. Además, reveló que hasta hoy su oficina tiene 157 actuaciones disciplinarias abiertas, 17 de ellas en contra de funcionarios públicos.

“No es que yo me esté dirigiendo a un funcionario en virtud de su calidad de opositor, tengo que hacerlo contra todos los que vengan. Yo no estoy condenando a nadie”, dijo Cabello.

Hay que recordar que, las investigaciones que ha abierto la Procuraduría en contra de funcionarios públicos son de tipo disciplinario. Las que más han causado revuelo son en contra de los senadores del Polo Democrático, Wilson Arias y Alexander López Maya. Al primero se le señala de haber intervenido un procedimiento policial cuando evitó que uniformados se llevaran a unos jóvenes el 30 de abril en Cali en medio de las protestas del paro nacional. Al segundo, se le acusa del mismo delito, pero el hecho habría ocurrido el 1 de mayo.

Arias y López sostienen que no incurrieron en ningún delito y, por el contrario, evitaron que miembros de la Policía Nacional detuvieran irregularmente a jóvenes que estaban ejerciendo su derecho a la protesta.

SIGA LEYENDO

Guardar