El 64 % de las mujeres reclusas gestantes, lactantes y no lactantes está entre los 18 y 27 años

En todo el país, ocho centros de reclusión tienen a su cargo 25 mujeres gestantes y 48 madres que conviven con sus hijos menores de tres años. Otras tres mujeres son madres lactantes y están en detención domiciliaria pues sus hijos tienen menos de seis meses.

El 64 % de las mujeres gestantes, lactantes y no lactantes están entre los 18 y 27 años. El 60 % son analfabetas; el 46,6 % señaló sentir depresión; el 26 % es adicta a sustancias psicoactivas y un 20 % padece trastornos de bipolaridad.

Estos datos hacen parte del informe ‘Mujeres gestantes, madres y niños y niñas que viven con ellas en prisión’, que dio a conocer este miércoles la Defensoría del Pueblo.

En este documento se describe la situación de derechos humanos de esta población en los establecimientos de reclusión y se advierten dificultades para el acceso a la salud, pues se realizan brigadas cada tres o seis meses, lo que no garantiza una adecuada y oportuna atención.

“El informe de la Defensoría del Pueblo muestra que los centros penitenciarios no cuentan con un equipo psicosocial y de psiquiatría que cubra las necesidades básicas en salud mental de las mujeres gestantes y madres y no existen estrategias efectivas de prevención al consumo de sustancias psicoactivas”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En el informe también se evidencia que en los centros de reclusión predominan las rupturas en los vínculos familiares y sociales, que impiden la realización de procesos de reinserción social positivos. El 69 % de las mujeres afirmó tener una relación cercana con sus mamás; pero no con otros familiares, a lo que se suma que los niños y niñas en prisión no tienen un vínculo estrecho con su familia nuclear y extensa.

A pesar de que el 57,1 % de las mujeres dijo tener acceso a métodos anticonceptivos, se reporta un desconocimiento generalizado sobre el contenido de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente sobre enfermedades de transmisión sexual, métodos de prevención y acceso a métodos anticonceptivos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo una serie de recomendaciones al Ministerio de Salud, al Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, al Inpec, la Uspec y el ICBF para:

1) Diseñar estrategias para la atención al consumo de sustancias psicoactivas, con enfoque diferencial.

2) Rediseñar la estrategia de las brigadas de atención por pediatría que se realizan en los centros penitenciarios.

3) Garantizar un adecuado estado de la salud mental de las mujeres gestantes, madres lactantes y madres no lactantes.

4) Garantizar el cumplimiento de los requerimientos del desarrollo infantil en establecimientos de reclusión, entre otras.

Un grupo de profesionales de la Defensoría, expertos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, será el encargado de desarrollar el programa ‘Formación de formadores’ para fortalecer las habilidades docentes de un grupo de instructores que tendrá a su cargo replicar conceptos y herramientas entre todos los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Este ejercicio de formación busca prevenir posibles vulneraciones a las garantías constitucionales de las personas que participan en manifestaciones, y quienes podrían ser objeto de detenciones ilegales o arbitrarias; tratos crueles, inhumanos y degradantes; ataques contra la libertad de expresión y la prensa; abusos durante los traslados por protección, y discriminaciones.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, resaltó este miércoles la importancia de este proceso de capacitación, que hace parte del cumplimiento de la sentencia STC 7641 proferida por la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre de 2020.

“Esperamos que el desarrollo de este programa aporte de manea significativa al fortalecimiento de las capacidades de los miembros del Esmad de la Policía Nacional, y que ese fortalecimiento se exprese en un proceso serio de reflexión sobre los métodos de la enseñanza y aplicación de los derechos humanos”, puntualizó Carlos Camargo.

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