En un comunicado publicado en las últimas horas, el Consejo de Estado reconoció que información clave relacionada con los contratos suscritos entre el Gobierno de Colombia y farmacéuticas para proveer al país de vacunas para combatir la covid-19, fue divulgada tras cargarse al sistema de información judicial.
Lo anterior siguiendo la orden del Tribunal de Cundinamarca que ordenó revelar dichos documentos debido a que algunos laboratorios interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado argumentando la confidencialidad de los contratos.
Por lo anterior, el Consejo informó que en cumplimiento de un fallo que niega una tutela presentada por la sociedad Janssen Cilag S. A., que fue apoyada por las empresas Pfizer y AstraZeneca, “se decretó como prueba el envío de información relevante para la resolución del caso”.
Dicho fallo fue cargado a la plataforma correspondiente al sistema de gestión judicial que, de inmediato, pudo ser consultado por los visitantes de este sitio.
Motivo por el que la corporación expresó lo siguiente en un comunicado oficial, en el que adelantó que se encuentra adelantando una investigación interna para asignar las responsabilidades de este caso:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió la información con la salvedad de carácter reservado de algunos de los documentos, entre los cuales se encontraba uno denominado ‘Acuerdo de Fabricación y Suministro entre Pfizer export BV (pebv) y Fiduprevisora S.A.’ y tal documento se incorporó al sistema de gestión judicial sin advertir que, al momento de realizarse dicha actuación perdió los atributos de seguridad con lo que fue enviado
Gobierno y farmacéuticas adelantan reuniones de última hora para mitigar el impacto de una crisis que puede afectar la distribución futura de los biológicos en el país.
La reacción del Gobierno ante el “error involuntario” del Consejo de Estado
En la noche del pasado 10 de agosto, el director del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) Víctor Muñoz, rechazó la publicación de dichos acuerdos, o incluso de apartes, como los precios por los cuales se compraron las dosis para lograr la inmunidad contra el virus y las concesiones dadas por la nación.
Afirmó que dicho acto podría poner en riesgo al país, dados los acuerdos de confidencialidad firmados con las farmacéuticas que le proveen sus fórmulas a Colombia.
La Secretaría Jurídica de Presidencia y los abogados del equipo jurídico de gestión de riesgo se encuentran reunidos y esta noche tendremos sesión de trabajo con farmacéuticas porque tenemos que evaluar, de cara a una publicación, si se realizan los contratos que afecten el acuerdo de confidencialidad, cuáles puede ser los impactos de tener esto en términos de despacho o cualquier otra situación en el tema de vacunas
La reacción de muñoz se dio luego de que el director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, procediera a publicar en Twitter los que serían los precios pagados por Colombia a cambio del envío de las vacunas contra el covid-19: 12 dólares por dosis en el caso de Pfizer, y 6 dólares por dosis en el caso de AstraZeneca. Teniendo en cuenta que de las primeras se compraron 15.000.570, y que de las segundas fueron 9.984.000, el país habría gastado 180.006.840 dólares y 59.904.000 dólares, respectivamente.
Muñoz, por su parte, empleó la misma red social para responder directamente a esa última declaración del director del Instituto, advirtiendo que “estos contratos no son cualquier contrato y no hay sentencia judicial en firme en tal sentido. Irresponsabilidad en el manejo de la información de las vacunas pone en riesgo el plan nacional de vacunación y como tal la vida y la salud de los colombianos”.
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