Senado de la República acepta la renuncia de Richard Aguilar

El pasado 27 de julio, Aguilar fue capturado por presuntas irregularidades en contratos suscritos cuando fue gobernador de Santander

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En la foto: Richard Aguilar, ex gobernador de Santander y senador (Colprensa - Sofía Toscano)
En la foto: Richard Aguilar, ex gobernador de Santander y senador (Colprensa - Sofía Toscano)

Después de ser sometido a votación, la plenaria del Senado de la República de Colombia aceptó este 10 de agosto la renuncia de Richard Aguilar, quien actualmente está señalado judicialmente por corrupción. Según información oficial, la aprobación fue unánime.

“Fue sometida a consideración la renuncia presentada por el senador Richard Aguilar Villa la cual fue aprobada por unanimidad”, informó el Senado colombiano a través de su cuenta oficial de Twitter.

La votación fue liderada por Gregorio Eljach, quien funge como secretario del Senado. El político leyó la carta que radicó Aguilar el pasado 28 de julio, en la que notificó su renuncia y después de esto la mayoría de las bancadas aprobó la petición.

Hay que recordar que Aguilar, quien hace parte del partido Cambio Radical, notificó su salida del cargo un día después de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en su contra. De hecho, actualmente está en el Batallón de Artillería número 13° de Bogotá, donde también está recluido su papá, el coronel (r) de la Policía y exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo.

CONTEXTO: Richard Aguilar y su papá están recluidos en el mismo batallón en Bogotá

“Por medio de este escrito, me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al Senado de la República a partir de la fecha. Decisión que obedece a la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que me impide continuar con el normal desarrollo de mis deberes y funciones como congresista”, se lee en una parte del documento.

La orden fue dada después de que el pasado 20 de mayo se oficializara la investigación en contra el excongresista. Este caso está relacionado con delitos que habría cometido Aguilar cuando ejercía como gobernador de Santander entre 2012 y 2015.

Aguilar presuntamente direccionó más de cinco contratos avaluados en alrededor de 400 millones de pesos de forma ilegal. Estos convenios hacían parte del proyecto del corredor vial San Gil - Charalá, las obras adelantadas para el tercer carril entre Bucaramanga y Floridablanca y un contrato para adelantar obras en el Estadio de la Villa Olímpica de Bucaramanga. Además, habría utilizado de forma incorrecta dineros del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Opositores de Aguilar aseguran que su renuncia al Senado es una señal clara de que el político quiere que su proceso pase a ser revisado por la Fiscalía General de la Nación y no por la Corte Suprema, sin embargo, su abogado, Iván Cancino, ha desmentido esta afirmación.

“La gente puede pensar lo que quiera, la gente olvida la historia de este país, las cartas de renuncia dicen lo que uno busca, aquí no se habla de garantías ni de Fiscalía, se habla de la responsabilidad de una persona que está privada de la libertad y que obviamente se quiere dedicar a defender, es una responsabilidad con la causa que lo está investigando”, manifestó Cancino.

La defensa agrega que la renuncia no era necesaria porque el proceso sí debería ser llevado por la Fiscalía y no por la Corte. El argumento para esto es que los hechos que están siendo investigados ocurrieron cuando Aguilar era gobernador de Santander y las actuaciones no tienen conexión alguna con su trabajo como senador de la República.

El abogado reconoció que no es un proceso fácil, pues Aguilar “tiene 9 fundamentos fácticos de imputación”. Así mismo, dice no estar de acuerdo con la decisión de imputar medida de aseguramiento contra el excongresista, pues, según él, no era necesario.

“Lo que yo no comparto es en una privación de la libertad porque es un hecho de cuando él era gobernador, han pasado más de seis años no hay urgencia de la medida, él no tiene poder de contratar y por eso interpuse el recuso de reposición para decirle a la Corte que la medida de privación de la libertad en establecimiento penitenciario es equivocada”, manifestó.

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