Según la Fiscalía, solo uno de cada cuatro procesos por corrupción en Colombia terminan en condena

La Fiscalía General de la Nación reveló que, durante los últimos cinco años, incluyendo lo que va del 2021, han abierto más de 21 mil procesos por corrupción, sin embargo, de esos solo 5.097 han llegado a la condena, es decir que, de acuerdo con la cifras del ente acusador, solo 1 de cada 4 procesos logra resolverse, así lo conoció Noticentro1 CM&.

De acuerdo con los datos de la entidad conocidos por el noticiero, en Colombia en promedio son condenadas tres personas al día por casos de corrupción. Según detalló la Fiscalía, la mayor parte de las sentencias se realizan en contra del sector administrativo en alcaldías y gobernaciones, entre otras entidades.

A esas sentencias les siguen las de corrupción a la justicia que, en los últimos años, según las cifras de la Fiscalía han sido de la siguiente manera: en 2016 reportaron 481 condenas por ese delito, en 2017 la cifra aumentó con 585, en 2018 hubo 548, en 2019 se registraron 506 y en 2020, 220, cifra que se prevé sea similar para finales de este 2021, así lo conoció el medio bogotano.

Por último, según informó la Fiscalía a Noticentro1 CM&, la otra gran parte de sentencias por corrupción que se dictaminan en Colombia son en el sistema financiero y tributario, por corrupción privada y corrupción electoral.

En total, los casos de corrupción le cuestan al país $50 billones de pesos anualmente, lo que equivale al 17% del presupuesto general de la nación, así lo reveló la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional al mismo medio.

Colombia amplía el listado de las personas “expuestas políticamente”, con el fin de luchar en contra de la corrupción

El pasado 27 de julio, el Gobierno Nacional dio a conocer que, a través del decreto 830 del 26 de julio de 2021, se amplió el listado de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), con el fin de incrementar las medidas para combatir en contra del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción por parte de los funcionarios públicos.

“Con este decreto, que impulsamos desde la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, Superintendencia Financiera, la UIAF y el Departamento de la Función Pública, Colombia contará con mejores controles del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y la corrupción del que pueden ser objeto los altos funcionarios y además pone al país a la vanguardia de los compromisos internacionales”, explicó la secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, Beatriz Elena Londoño Patiño.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, en las PEP aparecen aquellas personas que se han desempeñado o aún trabajan en cargos destacados del sector público, y quienes están obligadas a entregar más información sobre sus actividades labores a las autoridades respectivas.

Inicialmente, en el PEP se encontraban el Presidente y Vicepresidente de la República, los ministros, superintendentes, generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, congresistas, jefes de las entidades de vigilancia y control, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y magistrados, entre otros.

Sin embargo, con la ampliación del listado, ahora los individuos que tendrán que dar cuenta de sus actividades son directivos de organizaciones internacionales, ordenadores de gasto de las universidades públicas, los curadores y notarios, así como los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional.

Al respecto, en entrevista con Caracol Radio, Alberto Lozano, abogado y director de Infolaft, una firma nacional que se encarga de la implementación de sistemas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, aseguró que en el país en total se vigilarán a más de 50 mil personas en riesgo de realizar actos de corrupción.

“Colombia sigue una receta internacional de un programa de lavado de activos y corrupción, esta receta dice que se necesita de un ejército de colaboradores que sigan a la corrupción y las herramientas para hacerlo”, señaló el abogado a la emisora.

Según explicó Lozano al mismo medio, las personas que incurren en corrupción en Colombia generalmente recurren a paraísos fiscales, y por ello, indicó que la lista de quienes manejan recursos públicos en el país permitirá vigilar los movimientos de quienes están en mayor riesgo de caer en actos de corrupción.

En total, de acuerdo con el decreto 830, las Personas Expuestas Políticamente permanecerán en el listado durante el tiempo que ejerzan su cargo público, y por dos años más, una vez haya finalizado sus labores en el mismo.

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