El registrador Julio Novoa, delegado de la Registraduría Nacional en Malambo, en el departamento del Atlántico, confesó que se vio en la obligación de sancionar y anular por lo menos 700 matrimonios documentados en ese municipio, luego de que se conociera que dichas uniones habían sido celebradas de manera fraudulenta por otro de sus colegas.
Según le explicó el funcionario al sistema informativo de RCN, “Estos registros fraudulentos fueron anulados. Muchas personas querían acceder a la ciudadanía colombiana y no cumplían con los requisitos y hacían esos registros civiles de matrimonio falso. Hay quienes se han registrado irregularmente, de todo esto se ha ido teniendo conocimiento. Fue una situación nacional, pero de todo eso se fueron tomando correctivos”.
De hecho, una de las pistas para detectar esta situación fue el hecho de que en ese municipio, de 120.000 habitantes de acuerdo con la emisora, se dieran en promedio dos matrimonios civiles al día, una cifra poco común y que facilitaba que cientos, sino miles de extranjeros, se nacionalizaran como colombianos por una vía ‘express’ y claramente irregular.
Como comenta Novoa, no se trata de una práctica nueva, sino por el contrario de una que se extendió durante años en la región antes de ser identificada, y que le tomó un par más contrarrestar, hasta hace aproximadamente dos meses, cuando finalmente terminó de anular dichas uniones, que aparte de propósitos de nacionalidad, les facilitaban a los beneficiarios el acceso a empleo y hasta a la participación en el sistema electoral colombiano.
El problema, agregó, se veía impulsado por tramitadores que al día de hoy siguen existiendo en la zona y que se aprovechan de la necesidad de las personas para cometer este tipo de fraudes. La situación, sin embargo, ya estaría comenzando a ser controlada.
“Hay algunos tramitadores que aprovechan para coger a la gente y le cobran para sacarle una cita. Estamos teniendo algunas dificultades de algunas personas inescrupulosas que están en la puerta y otras que están mal informando a la gente”, dijo el registrador delegado, asegurando que la nueva administración de la Registraduría del pueblo ya está al tanto y va a tomar cartas en el asunto.
Valga señalar que, esta no es la única herramienta de las que se valen las redes de corrupción al interior de las registradurías, no solo de Malambo, sino de buena parte del país. El propio Novoa señaló que en Soledad, Atlántico, sucede algo muy similar con la venta de certificados falsos del tipo de sangre, una herramienta que a costo de poner en riesgo la salud de las personas, facilitaría el proceso para demostrar que un extranjero puede ser familiar de un colombiano.
Después de todo, desde 2017 se abrió la posibilidad para que los venezolanos hijos de padres colombianos puedan recibir la nacionalidad a través de la Registraduría y de notarías. Dicha ayuda ha venido siendo puesta en entredicho pues, desde entonces, y sólo hasta enero de este año la institución había emitido ya 2.688 comunicaciones y resoluciones de nulidad de registros civiles por presuntos fraudes en 70 municipios de 18 departamentos, incluyendo Bogotá.
La cifra podría ser mayor, teniendo en cuenta que se han otorgado por lo menos 600.000 registros civiles de nacimiento a personas de origen venezolano pero con padres colombianos. De ahí que las autoridades insistan en llevar a cabo auditorias con apoyo de la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Policía, el Ejército y la Embajada de Estados Unidos.
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