Este 10 de agosto, el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Lorenzo Caraffi, presentó el informe de víctimas de minas antipersona en el país, en lo que va de 2021.

Según los datos del informe, se han presentado 263 víctimas en todo el país entre las que hay 21 menores de edad.

De acuerdo con Caraffi, 156 víctimas de este tipo de minas son civiles, lo que corresponde al 59 %, mientras que 107 han sido miembros de la fuerza pública y de grupos armados.

Así mismo, reveló que los accidentes con artefactos explosivos antipersona, restos de bombas de guerra, artefactos de detonación controlada y explosivos de lanzamiento sucedieron en 10 de los 32 departamentos de Colombia.

Debido a estos números, el CICR dice estar preocupado por “la profundización de este fenómeno y la dura realidad que tienen que vivir las comunidades”, ya que seis de cada diez víctimas son civiles que están en medio del conflicto armado que vive el país.

Sostuvo que las víctimas de este flagelo, aquellos “que sobreviven tienen que vivir con las consecuencias psicológicas y físicas a lo largo de su vida”.

En 2020, el CICR registró que 389 civiles y combatientes fueron víctimas de artefactos explosivos a lo largo del año.

Colombia es, después de Afganistán, el país con más víctimas de minas antipersonal en el mundo.

“La mayoría de las víctimas son civiles, principalmente población campesina, que, mientras realizaban labores cotidianas como cultivar, buscar agua, o transitar por las veredas, tropezaron con estos artefactos”, informó el CICR.

Pese a la cifra, el CICR reconoció el avance en el desminado humanitario por parte de los compromisarios del Acuerdo Final de Paz de 2016, las antiguas Farc-EP y el Estado Colombiano.

No obstante, el organismo humanitario señaló que, aún “existen grandes desafíos para descontaminar las regiones y garantizar el derecho a la no repetición de las víctimas, particularmente donde persiste el conflicto y la violencia armada”.

Por lo que observó que “no solo se trata de la antigua presencia de dichos artefactos, sino también de una nueva contaminación que se está generando en el contexto de la confrontación armada entre las diversas partes del conflicto y la disputa entre grupos armados por el control territorial”, en momentos en que se presentan nuevos sembrados de mina antipersonal promovidos por disidencias armadas, Gaor y otros actores del conflicto colombiano.

El pasado 5 de abril, la Defensoría del Pueblo se sumó a las voces de rechazo contra las minas antipersona y aseguró que este tipo de armamento está prohibido.

“No solo por el alto costo de la descontaminación, sino porque este tipo de arma está prohibida por el DIH, ya que genera sufrimientos desproporcionados, especialmente a poblaciones vulnerables como niños, niñas, adolescentes y personas mayores”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Así mismo, Camargo llamó la atención de las autoridades para que “se investigue y juzgue a los responsables de esta conducta y a que se ponga un alto a la producción y siembra de minas antipersonales”.

La Defensoría informó que en lo corrido de 2021 ha emitido cuatro alertas tempranas por la presencia de minas antipersonales y municiones sin explotar en departamentos afectados por el conflicto, como lo son Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, Vichada y Amazonas.

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