Los abogados defensores del general (r), Miguel Maza Márquez, quien dirigió el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y que fue hallado culpable por el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989, apelaron la condena de 30 años que se le dio por ese hecho y por la muerte de un concejal de Soacha y un escolta el 18 de agosto de ese año.
Sin embargo, la Fiscalía le pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que mantuviera la condena y que rechace el recurso de impugnación que interpuso la defensa de Maza Márquez. El general (r) fue condenado por homicidio (terrorismo), concierto para delinquir, tentativa de homicidio (terrorismo).
El ente acusador insiste en que la condena está bien fundamentada y que en el proceso que terminó el 23 de noviembre 2016 no se vulneraron derechos ni se cometieron errores procedimentales por lo que insiste en que se debe ratificar la condena. Maza fue sentenciado por los delitos de homicidio con fines terroristas en el caso de Galán, Julio César Peñaloza Sánchez (concejal) y Santiago Cuervo Jiménez.
La Corte determinó que el hombre hizo parte de la ejecución del plan contra Galán mientras este estaba en campaña para su tercera candidatura presidencial. Las acciones se planearon con el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y con las Autodefensas del Magdalena Medio. La Corte indicó que Maza debilitó el esquema de seguridad que el DAS le tenía a Galán y esto facilitó que los tiros que recibió esa noche fueran mortales.
Formulan cargos a nuevos responsables
La Fiscalía formuló cargos, el pasado 30 de julio, a seis excomandantes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por 452 hechos delictivos cometidos en el marco del conflicto armado, dentro de los que se destacan el magnicidio del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento.
Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se lleva a cabo la audiencia concertada de formulación y aceptación de cargos por parte de los seis exparamilitares, quienes se cobijaron ante la justicia transicional por las acciones cometidas entre 1982 y 1994 en cinco departamentos del centro del país, que dejaron más de 1.000 víctimas directas.
Los postulados, quienes comandaron el Bloque Mineros, el Bloque Henry y Gonzalo Pérez y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, entre otros grupos, son: Ramón María Isaza Arango, alias ‘el Viejo’, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, ex jefe máximo del Bloque Mineros; Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘Mac Guiver’; Pedro Antonio Aristizábal, alias ‘Pedrito’; y Guillermo de Jesús Acevedo y Rigoberto Rojas Mendoza.
Por su parte, la Dirección de Justicia Transicional documentó 452 hechos delictivos dentro de los que se destacan el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, perpetrado el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca; y la masacre de La Rochela, donde fueron asesinados 12 funcionarios judiciales y otros dos resultaron heridos en este corregimiento de Simacota, Santander el 18 de enero de 1989.
Así como la matanza de 19 comerciantes en el corregimiento de Puerto Araujo de Cimitarra, Santander, perpetrada entre el 4 y 19 de octubre de 1987; la masacre de Punta Coquitos, donde fueron asesinados 26 campesinos, varios de ellos de la Unión Patriótica, en Turbo, Antioquia, la cual generó desplazamiento masivo de la población; y la masacre de La Mejor Esquina en Buenavista, Córdoba, en la que fueron asesinadas 28 personas y fueron desplazadas de manera forzada otras 17 víctimas el 3 de abril de 1988.
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