Fiscalía imputaría al general (r) Mario Montoya el 9 de agosto

La Fiscalía General de la Nación ya tendría todo listo para adelantar la imputación de cargos en contra del general (r) Mario Montoya, quien es acusado de haber cometido por lo menos 104 ‘falsos positivos’ durante su carrera en el Ejército Nacional. El documento sería radicado el próximo lunes 9 de agosto, mismo día en que se espera que se adelante la audiencia de imputación.

De acuerdo con un reporte de Noticias Caracol, al exmilitar le serán endilgados los cargos de homicidio agravado en concurso con ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio. De dichos crímenes, el primero acarrea penas de entre 40 y 50 años de cárcel, mientras que el segundo agrega entre 4 a 12 años adicionales de detención en centro penitenciario, así como una multa de entre 200 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Este sería el primer avance importante en el paso del general en retiro, que está sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz desde 2019, por el sistema de justicia ordinaria, luego de que la Fiscalía confirmara, el pasado 31 de julio, que le imputaría por presuntamente haber ejercido presión sobre sus subalternos para que aumentaran las bajas de combate, dando pie al flagelo de las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos.

No hay que olvidar que el exuniformado estaba siendo investigado por los mismos desde 2016, y que el propio ente acusador había anunciado que estaba listo para imputarlo desde 2019, cuestión que se vio frustrada tras el ingreso del investigado al sistema de justicia transicional. A través de este, ha rendido declaratoria en dos diligencias (la de sometimiento y otra reservada) relacionadas con el caso 03, que busca esclarecer el contexto de los ‘falsos positivos’, siempre negando su participación en el asunto.

Todo cambió la semana pasada con el anuncio hecho por el fiscal General, Francisco Barbosa, quien en entrevista con la revista Semana expresó que, “lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dentro de las cuales hay cinco menores de edad”.

En el mismo intercambio, Barbosa señaló que Montoya puso a las víctimas en situación de indefensión e inferioridad y todo esto yendo en contra de la directiva 300-28 que expidió el Comando General de las Fuerzas Militares en 2006. Igualmente explicó que ese documento privilegiaba las capturas y las desmovilizaciones, pero Montoya hizo que se privilegiaran las muertes en combate.

“Nosotros vamos a pronunciarnos sobre esto y formulamos la imputación y trasladaremos el expediente a la JEP, que está haciendo un trabajo de abajo hacia arriba, ya lo hicieron en el Catatumbo, en algunas zonas como el batallón de La Popa, en Valledupar, pero seguramente son muy importantes las decisiones de la Fiscalía porque tendrán un trabajo de arriba hacia abajo”, agregó el jefe del ente acusador, reconociendo que el proceso continuaría por la vía de la justicia transicional, pues existen pruebas contundentes en contra de Montoya.

Valga recordar que, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, ya había advertido a mediados de esta semana que no existen conflictos de competencias con que la Fiscalía impute al general retirado, así este se encuentre sometido a la justicia transicional pues, según le dijo al diario El Tiempo, las relaciones entre ambas entidades “son muy fluidas, activas y necesarias. Uno de los principales insumos de la JEP son las investigaciones de la Fiscalía, y entre más enriquecidas estén, mejores resultados podemos dar”.

De acuerdo con la explicación del abogado defensor de las víctimas en la jurisdicción, Fernando Rodríguez Kekhan, el choque de trenes no se va a dar, pues la dependencia de Barbosa no se encarga de juzgar, sino de investigar. Los frutos de dicha labor llegarían a manos del tribunal de juzgamiento de la JEP, que sería el que adelante la siguiente etapa del proceso judicial en contra de Montoya. No obstante, agregó Cifuentes, es importante saber que la imputación no sería vinculante a las decisiones del organismo transicional.

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