A partir de hoy, jueves 5 de agosto, los hinchas del fútbol profesional colombiano que protagonicen actos de violencia en los estadios, serán judicializados en los mismos escenarios deportivos a los que acudieron.
Pese a que no ha sido posible implementar una herramienta para carnetizar o identificar de forma biométrica a los asistentes a los partidos de los torneos Dimayor en Colombia, fue necesario llevar a cabo un Comité para la Seguridad y Convivencia del Fútbol tras los hechos de violencia sucedidos el 3 de agosto en el partido Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional en Bogotá.
Esta comisión debatió junto a la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá, la Dimayor y los ministerios de Interior, Deporte, Cultura y Educación, la necesidad de mitigar la violencia en los escenarios deportivos del país, en el proceso de reapertura económica de esta actividad.
Entre las principales determinaciones, el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció que ahora los partidos serán vigilados por la Policía Judicial ante cualquier acto vandálico o que atente contra la integridad de la ciudadanía mientras se realizan los juegos. Con ayuda de los sistemas de videovigilancia, la Sijín tendrá la potestad de judicializar individualmente a los responsables de alterar el orden público o violar las medidas de bioseguridad. En rueda de prensa posterior a la reunión, el ministro Palacios afirmó:
Es muy importante anunciar la presencia de personal de la Sijín, quiere decir, de la Policía Judicial, en todos los certámenes deportivos de fútbol para que inmediatamente se presente algún tipo de alteración por parte de algún miembro de la afición y alguna acción violenta, se proceda a la judicialización inmediata del individuo. La primera determinación es que para todos los partidos, categoría A (inclusive teniendo un aforo de 25, 30 o 50 %) los dispositivos en materia de seguridad serán iguales a los de un partido con el 100 % de aforo
El jefe de la cartera del Interior también se refirió al acompañamiento policial necesario para el desplazamiento entre ciudades de los barristas de equipos, particularmente cuando hay partidos de Clase A, de por medio:
Habrá acompañamiento de la Policía en las caravanas de las hinchadas que se desplacen de una ciudad a otra. Si durante ese desplazamiento se observan acciones de alteración del orden público o disturbios, inmediatamente se les prohibirá el acceso al partido
En cuanto a bioseguridad, el ministro Palacios enfatizó en que si en los ingresos a los estadios no hay uso de tapabocas o se presenta alguna violación a los protocolos, el ciudadano o grupo de personas en cuestión deberá ser expulsado del escenario.
La tarea es en conjunto con la fuerza pública, que ahora deberá disponer de suficientes uniformados de Policía para atender los eventos futbolísticos con público, tal como lo hacían antes de la pandemia. Esto involucra a por lo menos 1.200 agentes, de acuerdo con lo establecido en los protocolos de gestión del riesgo del Idiger.
Por otra parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, hizo una solicitud para que se prohíba de tajo el ingreso de aficionados a los partidos una vez cometan actos violentos, como medida de sanción severa para evitar eventuales repeticiones:
Solicitamos que cuando haya un acto de violencia al interior de un estadio, como apuesta por la convivencia y la cultura ciudadana del fútbol, de manera inmediata se suspenda el partido. Proponer que las barras que se encuentren involucradas en estos hechos de violencia, pues que haya una política de la Comisión de Seguridad y Convivencia que sean sancionados no únicamente en el lugar donde realizaron esa imprudencia, sino que haya una solidaridad de todos los que participamos en esta comisión, de todas las alcaldías para decir “no entran
Que con mucha prudencia, antes de los partidos cuando se asigne la venta de la boletería esté claramente delimitado cómo hay distanciamiento dentro de la respectiva tribuna
Otras de las propuestas conocidas en la reunión contemplan impulsar la venta electrónica de boletas para evitar propagación del virus, y la identificación biométrica de los asistentes, para impedir la entrada a personas con antecedentes violentos.
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