Soldado capturado por presunto abuso sexual a menor de edad en Casanare

Este martes funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron a Jonathan Sánchez Olivos, un soldado activo de la guardia del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal violento contra una menor de edad.

El caso se dio en Paz de Ariporo, municipio de Casanare a finales de mayo cuando el capturado, al parecer, aprovechó de su cercanía con la familia de la víctima de 15 años y, cuando se quedó solo, la abusó sexualmente. A pesar de que la Fiscalía relata esta versión, el hombre negó los cargos imputados y el juez le dictó medida no privativa de la libertad.

Esto significa que el hombre no será encarcelado por ahora mientras avanza la investigación y se la hará seguimiento de buena conducta, sin embargo, no podrá acercarse o tener relación alguna con la víctima.

Este caso se asemeja al de Otoniel Luna Parra, a quien un juez de control de garantías de Yopal le impuso una medida de aseguramiento intramural por su presunta responsabilidad en el delito de actos sexuales contra un menor de 14 años. El hombre, al parecer, habría llamado a la víctima a su casa cuando lo vio pasando hacia la tienda y ahí le realizó los tocamientos indebidos.

La captura del investigado, ordenada por el Juzgado Promiscuo de Chámeza (Casanare), fue materializada el pasado 28 de julio en una vía pública de barrio Casimena de la capital del departamento, durante un operativo conjunto entre la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional, cuando el indiciado transitaba por el lugar. Sin embargo, Luna Parra no aceptó los cargos imputados por el ente acusador.

Justicia en el caso de la niña embera

Seis militares colombianos fueron condenados a 16 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años perteneciente a la etnia indígena embera katío, y otro soldado fue condenado a ocho años de cárcel por actuar como cómplice, informó la Fiscalía el pasado domingo.

Los siete soldados aceptaron los cargos y su participación en la agresión sexual cometida el 21 de junio de 2020 en una zona rural del municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, en el oeste del país. Cuando ocurrieron los hechos los soldados servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo, que tiene presencia en la región.

“El ente acusador, a través de fiscales del Grupo de Trabajo Nacional de Género y de la Seccional Bogotá, adelantó más de 160 acciones investigativas que evidenciaron la participación de estos militares en la agresión sexual a una niña de 12 años”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

La violación fue denunciada por las autoridades indígenas de la zona, e inicialmente informaron que “un número indeterminado de soldados del Ejército de Colombia” abusó sexualmente de la menor y la secuestró al mantenerla lejos de su casa más de 12 horas. Este último delito no fue incluido en la condena.

Tras el abuso, Juan de Dios Queragama, gobernador del resguardo Gito Do Kabu, aseguró en un comunicado que se trató de una agresión contra la dignidad de la menor como ser humano y contra todo el pueblo indígena. Los hechos, dijo el líder embera, defraudaron la confianza que depositaron en los miembros del Ejército como representantes del Estado.

Los militares fueron capturados pocos días después. La investigación fue asumida desde entonces por la Fiscalía y no por la Justicia Penal Militar, uno de los pedidos que hizo de manera enfática la comunidad indígena.

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