Rechazo por decisión judicial con la que quedó en libertad un hombre señalado de desmembrar a una mujer en el sur de Bogotá

Rechazo e indignación provocó la decisión del Juez 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías que dejó en libertad a Harold Estiven Henao, quien fue capturado en junio de 2020 al ser señalado de asesinar y desmembrar a Janneth Adriana Aponte en el barrio La Victoria, localidad de San Cristóbal, del sur de la capital colombiana.

El crimen de la mujer ocurrió en mayo del año pasado, y una semana después, el presunto asesino fue capturado, pero, al parecer, por dilaciones para aplazar las audiencias, según denunciaron familiares de la víctima, el hombre será dejado en libertad por vencimientos de términos.

En su momento, la emisora RCN Radio informó sobre el brutal crimen que fue un habitante de la calle el que puso en alerta a las autoridades, luego de que encontrara los restos de la mujer en bolsas de basura.

El entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia, informó en el medio radial que la víctima había salido a su trabajo a las 10 de la mañana, como acostumbraba hacerlo, pero no se volvió a saber de ella hasta la noche cuando se supo del macabro hallazgo.

En la investigación de las autoridades se determinó que Aponte había ingresado a la papelería de la que estaba encargado su señalado asesino, y que de allí no volvió a salir. Ante lo ocurrido, se dio una orden de allanamiento del lugar donde se encontraron rastros de sangre en la cocina del lugar, por lo que se ordenó la captura de Henao.

“En las cámaras se observa a un sujeto sobre las ocho de la noche de ese mismo día, saliendo de un sector de esa localidad con unas bolsas que presumimos era donde llevaba los restos mortales de su víctima”, explicó el general Gómez Heredia.

A pesar de dicho material probatorio que recopilaron las autoridades, pasó más de un año en el que, según los familiares de la víctima y sus apoderados, hubo todo tipo de dilaciones que conllevó al vencimiento de términos en el proceso.

Ante la inusitada decisión, allegados de Adriana Aponte realizaron un plantón para rechazar la decisión del juez.

“Desde el día en el que el Juez 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías tomó la decisión de dejar libre al presunto victimario decidimos hacer este tipo de movimiento porque no estamos de acuerdo con la decisión. Exigimos justicia. Realmente es un peligro para nosotros y para la sociedad. Lo que le hizo a mi hermana no tiene nombre”, dijo en el informativo de televisión Citynoticias Diego Aponte, el hermano de la víctima.

En la mañana del martes, antes de que se diera la desconcertante determinación judicial, la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, alertó de lo que sucedería y pidió a los entes de control intervenir.

“Le ruego a la Procuradora General que, a diferencia de la Alcaldía sí puede intervenir directamente en el proceso judicial, interponga todos los recursos para evitar que este homicida quede libre y apoye las solicitudes de la Fiscalía. ¡No más impunidad!”, trinó.

López además recordó que la captura de ese presunto feminicida se realizó tras una diligente acción de las autoridades.

“El feminicidio de Adriana lo esclareció y judicializó la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación en tiempo récord. La Secretaría Distrital de la Mujer ha brindado apoyo psicosocial y jurídico. ¡Ahora un juez está a punto de dejar impune al homicida por vencimiento de términos! ¡No hay derecho!”, agregó López en su publicación.

Precisamente, desde el Distrito anunciaron que interpusieron el recurso de apelación ante la decisión del juez, ya que se tomó sin tener un estudio detallado de ese proceso y sin tener en cuenta que hubo dilación por parte de la defensa del señalado feminicida.

“Hacemos un llamado al sector justicia y ministerio público a revisar el caso, teniendo en cuenta las posturas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acogida por la Corte Suprema de Justicia indicado que las circunstancias que dieron lugar a la prolongación de la actuación judicial deben evaluarse teniendo en cuenta los criterios de: 1) complejidad del asunto 2) la actividad procesal del interesado 3) la conducta de las autoridades nacionales, con especial énfasis en el enfoque de género, que casos como este requiere en virtud del mandato de la Corte Constitucional”, subrayó Diana Rodríguez Franco, Secretaria de la Mujer.

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