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El Gobierno nacional expidió un decreto con el que se busca bajar las cifras de hacinamiento carcelario del país. Por medio de esta iniciativa, cerca de 800 personas privadas de la libertad, que cumplan con los requisitos que exige la ley para beneficiarse con detención domiciliaria podrán pagar por un brazalete electrónico que les permite estar en su hogar cumpliendo su condena.
La idea del decreto es que, además de acabar con el hacinamiento en las prisiones, el Estado no siga pagando por los brazaletes que se le brindan a los ciudadanos en detención domiciliaria, como lo viene haciendo desde hace unos años, sino que este gasto lo asuma el detenido que esté dispuesto a cumplir con las condiciones del mismo.
“El costo del brazalete electrónico, cuya tarifa será determinada por el Gobierno Nacional, será sufragado por el beneficiario de acuerdo a su capacidad económica, salvo que se demuestre fundadamente que el beneficiario carece de los medios necesarios para costearla, en ese caso estaría a cargo el Gobierno Nacional”, dice el decreto.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, señaló que, se está definiendo el costo del brazalete que se daría mediante una licitación pública donde se definirá cuál sería el modelo en cuanto a calidad y precio que se utilizaría para implementar este proyecto.
También mencionó que se está definiendo qué sucedería con los reclusos que no cuenten con los recursos para financiar dicho brazalete.
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El proyecto tendría relación con la condición que tengan los presos dentro de los procesos penales; es decir si se encuentran en fase de indiciados (investigados) deberán recibir el beneficio de detención domiciliaria pero si ya se emitió una sentencia condenatoria podrían solicitar la casa por cárcel dependiendo del caso.
“Es un estudio que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia y del Derecho para que cada interno que tenga derecho al beneficio y quiera obtener la libertad, se le otorgue el brazalete electrónico pero este sufragarlo él o los parientes de él; es inaudito que una persona que haya cometido el delito en Colombia, el Estado tenga que sufragar el valor de una manilla electrónica un brazalete electrónico”, comentó el Ministro.
Según las últimas cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) presentadas en el 2020, existan 124.188 personas que están en condición de intramuros, pero según la capacidad que tienen las 132 instalaciones en el país, solo hay espacio para 80.156 reclusos, por lo que hay una sobrepoblación de 44.032.
Adicional a esto, el Ministerio de Justicia y del Derecho en alianza con la Embajada de los Estados Unidos (INL) inauguraron este miércoles un proyecto piloto de alternatividad penal en el que se plantea reducir la reincidencia penal y evitar el hacinamiento carcelario, entre otros objetivos.
La iniciativa, que será ejecutada bajo la dirección y experticia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene como objetivo principal interrumpir el ciclo de reclutamiento, actividad y reincidencia del crimen organizado al reducir la cantidad de infractores elegibles de bajo riesgo que son enviados a centros carcelarios y penitenciarios. Otro de sus pilares será reducir la reincidencia penal y evitar el hacinamiento carcelario.
“Esto se logrará optimizando el uso de las alternativas al encarcelamiento existentes en el Código Penal colombiano, pero que son subutilizadas. Así las cosas, se construirá una herramienta de evaluación del riesgo para que los jueces puedan tomar decisiones más informadas y acertadas”, manifestó la entidad.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el proyecto tendrá una duración de tres años y actualmente se encuentra en la fase de designación de delegados para pasar luego a mesas de trabajo institucional en fechas que aún están por definir.
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