JEP citó a audiencia por medidas cautelares en el cementerio de Neiva

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) busca identificar si existen riesgos para los cuerpos inhumados que permanecen en el campo santo de la capital del Huila

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La JEP prohibió las exhumaciones
La JEP prohibió las exhumaciones e inhumaciones en 352 puntos de interés forense en el cementerio de Puerto Berrío, Antioquia (Colombia). EFE/Álvaro Ballesteros/Archivo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a una audiencia pública el próximo martes 10 de agosto en Neiva, capital del departamento de Huila, con la intención de establecer si en el cementerio Central de este municipio al sur de Colombia se encuentran cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.

La diligencia de la Sección de Ausencia de Reconocimiento del tribunal de paz, dentro del trámite de medidas cautelares respecto a este cementerio, pretende identificar si existen riesgos con relación a los lugares donde se presume estarían los cuerpos inhumados de las víctimas y determinará si es necesario proteger estos lugares.

A su vez, la jurisdicción recibirá el balance de las entidades sobre el estado de conservación y de reconocimiento de los restos sin identificar en este cementerio, ubicado en el centro de Neiva, y constatará el nivel de cumplimiento de las obligaciones de las autoridades encargadas de la administración de este lugar.

“En esta gestión participa el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) desde noviembre de 2020”, indicó la Jurisdicción Especial para la Paz.

En la diligencia podrán participar las organizaciones de víctimas Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos ( Asfaddes), el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (Obsurdh), a través de observaciones o peticiones con respecto a este procedimiento que se ha adelantado en otras regiones del país.

De igual manera, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General, la Procuraduría, la Gobernación de Huila, la Alcaldía de Neiva, la Diócesis de Neiva y la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Neiva también fueron citadas a la diligencia.

La JEP señaló que este trámite de medidas cautelares fue iniciado por la Sección de Ausencia de Reconocimiento el 4 de diciembre de 2019, con la intención de asegurar la conservación y protección de los cuerpos de personas no identificadas (PNI) inhumadas en el Cementerio Central de Neiva.

“La diligencia del 10 de agosto se inscribe en los 26 trámites de medidas cautelares que gestiona la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP en diversos cementerios y lugares del país donde habría cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado”.

Dentro de estos lugares se encuentran San Onofre (Sucre); El Copey y Aguachica (Cesar); Dabeiba, el Cementerio Universal de Medellín (Antioquia) y Riosucio (Caldas).

Cementerio Las Mercedes, cortesía JEP
Cementerio Las Mercedes, cortesía JEP

JEP decretó medidas cautelares para el cementerio de los pobres en Aguachica y estudia aplicarlas también para el canal del Dique

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó, el pasado 9 de junio, medidas cautelares para el denominado cementerio de los pobres en el municipio de Aguachica (Cesar) y para las obras que se llevan a cabo en el Canal del Dique, en el río Magdalena, ya que se tienen indicios de que en estos lugares de la Costa Atlántica reposan los restos de víctimas mortales del conflicto armado en Colombia.

En caso del cementerio en Aguachica, las medidas la decretó la Sección de Ausencia de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad y tienen una vigencia de 90 días con el fin de evitar que se pierdan parcial o totalmente los cuerpos de personas no identificadas, por lo que en ese campo santo se suspendieron las labores de exhumación y traslado de cadáveres.

“La JEP decreta las medidas cautelares al encontrar irregularidades en el proceso de exhumación de cuerpos del cementerio de los Pobres para su traslado al cementerio Católico Central de Aguachica, proceso que se adelantaba en cumplimiento de un fallo de tutela que protegía los derechos de propiedad sobre el terreno de la finca Los Mangos, en donde se había construido irregularmente el cementerio de los Pobres”, afirmó el tribunal de justicia transicional.

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