Informe revela nuevas barreras para las mujeres que buscan acceder a la IVE en Colombia en medio de la pandemia

Este miércoles 4 de agosto, las organizaciones La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, Women’s Link Worldwide, la Red Nacional de Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos, con el apoyo de Fokus Colombia, lanzarán en conjunto un completo informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia en medio de la pandemia del covid-19, en el que se destacan las nuevas barreras que enfrentan quienes quieren acceder a ella.

En Colombia, con la sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional reconoció el derecho fundamental de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE) en tres circunstancias: (i) cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud integral de la mujer; (ii) cuando el feto es inviable fuera del útero, y (iii) cuando el embarazo es producto de violación o incesto. Sin embargo, tras quince años de su expedición, persisten barreras que impiden a las mujeres y a las niñas acceder a este derecho fundamental.

Según el texto, la mujeres en medio de la pandemia del covid-19 se encontraron con nuevas barreras que les impide acceder completamente a ese derecho. Por cuenta del contexto de aislamiento preventivo obligatorio y las restricciones de movilidad, se han podido detectar varios obstáculos que se atraviesan en ese camino.

Uno de ellos es la falta de información sobre las rutas y canales de atención para el acceso a la IVE. En una época de sobreinformación, resulta paradójica su ausencia respecto a las rutas y canales de atención destinados por las EPS para atender a las mujeres que buscan acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva en el contexto de la emergencia sanitaria, en particular los relacionados con la IVE.

Estas rutas y canales de atención han sido modificadas con las medidas de prevención y contención de la pandemia, y las mujeres las desconocen, pues no saben si pueden dirigirse directamente a las sedes de sus EPS para solicitar las citas médicas que garanticen un diagnóstico integral y oportuno o si deben hacerlo a través de las IPS.

Otra de las dificultades para obtener información y acceder al servicio es la falta de intimidad dentro del hogar. La IVE es un derecho reproductivo que corresponde a la esfera privada e íntima de las mujeres. “Siendo así, este derecho se ve limitado por la imposibilidad de las mujeres de resguardar dicha información sin que las personas con las que habitan se enteren (parejas, hijos/as, familia, etc.); situación que les impone una barrera adicional para la solicitud de información y acceso al procedimiento”, se lee en el informe.

La virtualidad también hace parte de las barreras que se crearon pues implica restricciones para solicitar el servicio de IVE y está relacionada con el hecho de que los trámites administrativos para la atención en salud, por ser en su mayoría online, dificultan y limitan el acceso a las mujeres que no cuentan con herramientas tecnológicas para enviar correos electrónicos y/o hacer llamadas; en especial, a aquellas que habitan en contextos rurales y se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El informe también detalla de las barreras culturales: “la carga del cuidado como barrera para acceder a los servicios de salud. Se refiere a la imposibilidad de algunas mujeres (en especial madres cabeza de familia y/o mujeres cuidadoras) de acudir a los servicios de salud por estar a cargo del cuidado de sus hijos e hijas menores, adultos/ as mayores o personas en situación de discapacidad; a esto se suma que, con las medidas implementadas para contener el covid-19, los servicios de cuidado que prestan instituciones públicas y privadas fueron suspendidos. Esto es especialmente crítico para las mujeres migrantes, quienes no tienen redes de apoyo en Colombia que les permitan delegar estas labores de cuidado”, señala el texto.

Las organizaciones que han seguido varios casos, acotan que de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en ciertas zonas del país, los operadores de justicia y los prestadores de salud no conocen la ruta de acceso a la IVE y tampoco se genera una promoción y capacitación adecuada a todas las entidades que integran el Sistema General de Seguridad en Salud sobre los servicios de salud relacionados con ello.

Vea el informe completo aquí:

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