Capturan a exregistrador acusado de colaborar con una red de venta de niños venezolanos

La Fiscalía General de la Nación confirmó este martes la apertura de un proceso judicial en contra de Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, registrador municipal de Silos, en Norte de Santander, luego de que se encontrara material suficiente para sospechar de su responsabilidad en la emisión documentos de identificación falsos para favorecer a una red criminal que estaría vinculada a la venta de niños y al tráfico de migrantes.

“El material de prueba da cuenta de que Ramírez Rodríguez, al parecer, expidió ilegalmente un registro civil a un niño venezolano. En el documento habría señalado que el menor de edad era nacido en Colombia, hijo de madre ecuatoriana y padre colombiano, dos personas que serían integrantes de la estructura ilegal dedicada a la compra de niños en zona de frontera”, explicó el ente acusador por medio de un comunicado oficial”.

Igualmente, señaló que los hechos por los que acusan al exfuncionario público se habrían presentado entre enero y febrero de 2020, y habrían sido suficientes para que la red sacara del país al menor de edad, hacia un destino que todavía no se conoce. “La mujer extrajera y su cómplice, al igual que otra persona de nacionalidad venezolana fueron judicializados por la Fiscalía en mayo de este año por varios eventos similares”, agregó la Fiscalía.

De forma paralela, la entidad señaló que el exregistrador también estaría involucrado en la expedición de documentos de identidad a dos ciudadanos de República Dominicana, a quienes ceduló como colombianos. Los investigadores suponen que esos dos hombres se trasladaron posteriormente al Eje Cafetero, para intentar tramitar pasaportes. La Fiscalía pudo alertar sobre el hecho de manera temprana, por lo que la Cancillería pudo retener los documentos y entregar a los extranjeros a las autoridades migratorias, que los expulsaron del país el 26 de abril de 2020.

Valga señalar que, el exregistrador Fredy Ramírez había sido retirado de su cargo, y posteriormente suspendido, entre abril y mayo de este año, cuando surgieron las sospechas de su posible apoyo a la red de trata de personas. De acuerdo con el ente acusador, “su captura se produjo en diligencia realizada por personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y el Gaula Militar en el Zulia, Norte de Santander. En el procedimiento fueron incautados varios elementos y documentos que serán de importancia para el avance del proceso”.

Tras esta, se produjo la imputación de cargos contra el exfuncionario, que fue adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Este le acusó por los delitos de concierto para delinquir agravado, que acarrea una pena de 4 a 9 años de cárcel; tráfico de niños, niñas y adolescentes, por los que dan de 30 a 60 años de prisión; tráfico de migrantes para otros 8 a 12 años, falsedad ideológica en documento público, que implica 5 a 12 años más; y cohecho propio para 6 a 12 años.

Hay que decir, entonces, que los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso en su contra.

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