La senadora Paloma Valencia, en nombre de todo el Centro Democrático, revivió una controversial propuesta dentro del trámite legislativo del Congreso de la República: el partido pretende aprobar, después de casi 20 años de planteamientos, una reducción del Capitolio de casi el 50% con el fin de optimizar y economizar sus funciones.
Los que en el momento son 280 senadores y representantes se escogen por circunscripción nacional, territorial, internacional, especial, del Proceso de Paz y para la oposición. De aprobarse la propuesta del partido de Gobierno, la Cámara alta estaría conformada por 64 curules, más las correspondientes a comunidades afro e indígenas. Por otro lado, en la Cámara de Representantes serán 2 legisladores por cada territorio, más las exceptuadas en el Senado y el cupo internacional.
Justificando la propuesta, la legisladora aseguró que se trata de un esfuerzo para generar confianza entre los colombianos. Esto, frente a la nueva propuesta de reforma tributaria y la necesidad de construir un Estado “pequeño, ágil y eficiente, para consolidar una cultura de la administración pública transparente, austera y productiva”, reza el comunicado.
“Tenemos que lograr una disminución del Congreso, eso permite una corporación más controlada, una reducción del gasto importante y un ejercicio electoral más consciente dentro de la ciudadanía”, expresó la senadora y precandidata presidencial para 2022.
El artículo 171 de la Constitución Política de Colombia, el cual dicta las reglas del juego para la cantidad de cupos, sería el aparte reformado para lograr la reducción. Para esto, no sería necesario un proyecto de ley, sino un acto legislativo que dejaría el órgano con 135 integrantes.
Por otro lado, en el último -y a la vez ambicioso- esfuerzo legislativo del Centro Democrático se pretende que el aumento salarial decretado por el Gobierno nacional pueda ser rechazado por la mayoría en cada una de las Cámaras.
En otra medida de austeridad y solidaridad dentro del antes mencionado aparte, se consignó que durante los siguientes 5 años, los salarios del sector público superiores a 10 millones de pesos tendrán un impuesto de hasta el 20% del ingreso mensual.
Esto, según Valencia, se justifica en la situación de pandemia. De acuerdo con una alocución del presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional, junto con la gerente del Fondo Monetario Internacional, citado por la senadora, se deben tomar medidas extraordinarias para salvaguardar la actividad económica.
“Existe el pleno convencimiento de que la aprobación de este proyecto de acto legislativo es una deuda no sólo con la ciudadanía que merece instituciones en las cuales pueda confiar, sino que al mismo tiempo exige una política de austeridad por parte del Estado”, indicó la senadora, haciendo énfasis en la confianza ciudadana al legislativo.
Junto a ella, la propuesta es acompañada por los congresistas Juan David Vélez, Amanda Rocio González, José Obdulio Gaviria Vélez, Edwin Alberto Valdés, María Fernanda Cabal, Milla Patricia Romero Soto, Carlos Felipe Mejía Mejía, Ruben Dario Molano, Alejandro Corrales y Gabriel Jaime Vallejo.
Esta propuesta ha sido planteada varias veces por la colectividad, siendo la última vez el pasado 10 de mayo, justo al cierre de la anterior legislatura, sin éxito por argumentos que apuntan a que esto perjudicaría la representatividad del Capitolio.
“Hoy el ciudadano se confunde ante tantos senadores y representantes de nuestro país. Es necesario que se puedan identificar con mayor facilidad un número menor de congresistas que rindan cuentas, que tengan mayor contacto y que puedan mantenerse en sus curules”, agregó Christian Garcés, representante a la Cámara, en su momento.
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