El pasado 19 de julio, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020, que se firmó entre esa cartera y la Unión Temporal Centros Poblados con el fin de poner en funcionamiento siete mil puntos digitales en todo el territorio nacional, sobre todo en las zonas más apartadas de Colombia.
El contrato fue adjudicado en un principio por un valor de un billón de pesos. Pero luego de las revelaciones de W Radio se supo que esta unión temporal no tenía ni la experiencia, ni la capacidad técnica y financiera para poder ejecutar el contrato, además de que presentara pólizas falsas para ganarse la licitación.
Tras la polémica, la ministra TIC, Karen Abudinen, tuvo que salir a dar explicaciones sobre una gran cantidad de dinero que está envolatada. Son 70.000 millones de pesos que alcanzó a desembolsarle MinTIC a Centros Poblados a través de una fiduciaria fuera de Colombia.
“No permitiré que se pierdan estos recursos. A lo largo de toda mi vida política he obrado con la mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción”, escribió Abudinen en su cuenta de Twitter.
Así mismo, en entrevista con W Radio, la ministra aseguró que está dispuesta a buscar hasta la extinción de dominio para recuperar el último peso de los $70.000 millones que ya se desembolsaron: “Cuando la plata entra a Estados Unidos, ahí si es verdad que uno puede llevar hasta la última persona que se le dispersó los recursos”.
Agregó que el contrato es inejecutable, lo que significa que al día de hoy es como si no hubiera contrato. Adicionalmente, informó que ya se abrió un proceso contra la interventoría por incumplimiento.
“El interventor tiene oficialmente el contrato en el Ministerio porque se lo ganó. Abrimos un proceso de incumplimiento disciplinario a la interventoría”, precisó.
Pero no es el único problema que hubo con la unión temporal que se ganó la licitación. En entrevista con La República, Abudinen explicó que también hay una audiencia por presunto incumplimiento para pedir explicaciones al contratista por su retraso en la ejecución del contrato. El acuerdo establecía que a abril 30 debía haber entregado 750 escuelas rurales conectadas y no había entregado ninguna.
Sobre si cree que hubo fallas en el MinTIC al momento de adjudicar ese contrato son ellos quienes evalúan las mejores opciones al abrir una licitación y más una que incluya una cantidad de recursos tan grande, la ministra dijo: “Si estamos en esta situación, tal vez en algo fallamos y estamos haciendo las investigaciones para identificar en qué y tomar los correctivos para que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Pero tenemos la tranquilidad que cumplimos con los procedimientos de la Ley 80, en el manual de contratación del Ministerio y demás normas aplicables”.
Explicó además, que el ministerio desembolsó los 70.000 millones de pesos porque así fue la estructuración del modelo financiero. “Se determinó la necesidad de un anticipo para apalancar el inicio de la ejecución. Este corresponde a 6,5% del contrato y se entregó porque este proyecto es rural tiene unos desafíos de infraestructura, de geografía y de logística complejos. Aquí cabe mencionar que la entrega, manejo y control del anticipo se realiza a través de una fiducia y con la vigilancia y aprobación de la interventoría”, señaló.
El trabajo de la ministra ahora, será recuperar ese dinero y dijo que harán todo lo posible para que esa plata regrese al proyecto.
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