Tras el envío del Acto Legislativo del Congreso a Presidencia, este martes el presidente Iván Duque firmará y sancionará el proyecto que se hundió en el Senado en 2017, al parecer, por un voto. Este hecho fue revisado por la Corte Constitucional, tras una tutela del senador Roy Barreras, que consideró que ese día sí se cumplió el quorum, por lo que el alto tribunal falló a su favor. El Consejo de Estado también se pronunció ante esto.
Por eso, tras la firma de Juan Diego Gómez como presidente del Congreso, queda pendiente que Duque haga lo propio y así el proyecto sea revisado por la misma Corte que avalará su constitucionalidad. Ya con esto quedó claro que las víctimas que lleguen al Congreso estarán por dos periodos, exactamente de 2022 a 2030.
Es decir, las primeras 16 curules para la Cámara de Representantes se estrenarán el próximo año y llegarán hasta 2026 y luego se elegirán - o reelegirán - de nuevo hasta 2030, funcionando como las que le fueron asignadas a las entonces Farc que en su caso son cinco diez, cinco para Cámara y cinco para Senado.
Tanto Juan Diego Gómez como el mismo Acuerdo de Paz determinaron que estos 16 escaños son exclusivamente para víctimas del conflicto de 16 zonas: Cauca, Arauquita, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Nariño, Putumayo, Cesar, Córdoba y Tolima y tres enfocadas en municipios particulares de estos departamentos.
Los requisitos que se deben cumplir es que sean personas desplazadas o que habiten allí por al menos tres años, siendo esta una de las críticas más fuertes que tiene el Centro Democrático, que afirma que estos cupos terminarán beneficiando a las Farc porque son territorios que han ocupado y donde las víctimas no tiene predominancia, sin embargo, el Acuerdo de Paz explica que ni el partido Comunes ni ningún otro movimiento político - con o sin personería jurídica - puede proponer candidatos. Además, no necesariamente deben vivir en ese espacio.
Solo podrán hacerlo concejos comunitarios, de mujeres, afro, indígenas y sociales, garantizando que realmente se trate de víctimas y no de militantes de algún partido político. En las elecciones del próximo año los habitantes de estos municipios deberán elegir a su representante que ocupará la debida curul en la Cámara de Representantes en representación de la población víctima.
Según el registrador nacional, Alexander Vega, ya se inició la logística para que los escaños se puedan elegir el próximo 13 de marzo, mismo día en que se elige a todo el Congreso.
Por su parte el presidente Iván Duque se refirió a la idea que plantea su partido y dijo que hay que evitar que victimarios ocupen las curules:
“Que no se vayan a abrir rendijas para que personas que no tienen esa condición o que es peor aún han tenido empatías históricas con victimarios sean los que ocupen esos escaños”.
En la audiencia pública del Senado de este lunes, Emilio Archila, alto Comisionado para la Estabilización, ratificó que el Gobierno sí promulgará el proyecto acatando las decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
“Reiteramos que desde el Gobierno nacional adelantaremos de manera diligente todas las actividades tendientes a materializar los contenidos del Acto Legislativo que permitan ampliar la participación política de las víctimas”.
Además reafirmó el compromiso del Gobierno frente a las víctimas:
“En este Gobierno, desde el primer día del mandato, las víctimas han sido el centro de la política de implementación de la paz con legalidad y ahora más que nunca vamos a reivindicar su reparación. Ya están sentadas las bases para que el proceso de apoyo a 9 millones de personas que están en el Registro Único de Víctimas sea irreversible”, expresó Archila.
La decisión del Consejo de Estado de crear las curules se tomó con ponencia del magistrado Roberto Augusto Serrato y va en la misma línea de la Corte Constitucional que el 21 de mayo en decisión de Sala Plena revivió las curules al avalar la votación que se dio en el Congreso en diciembre de 2017.
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