La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado el pasado 30 de julio en el cual indicó una alerta de inminencia para las comunidades de Roberto Payán y Magüí Payán, en el departamento de Nariño, por cuenta de las acciones de los grupos armados que operan el negocio del narcotráfico en la zona.
De acuerdo con las cifras del organismo, este panorama ha generado que actualmente haya cerca de 6 mil personas víctimas de desplazamiento forzado en Roberto Payán producto de los enfrentamientos entre el Frente Comuneros del Sur del ELN y dos disidencias de las Farc: el frente 30, autodenominado columna móvil Franco Benavides, y el frente Oliver Sinisterra.
Además, a la alerta también se suma el aumento de las amenazas contra las autoridades étnicas y los líderes y lideresas comunales, sociales y defensores de derechos humanos en la región. La entidad asegura que, a esta combinación de acciones criminales se suma un “enclave de producción de narcotráfico en esa región del Pacífico Nariñense, con lo cual se han generado mayores riesgos relacionados con el desplazamiento forzado y la concentración de las comunidades en las cabeceras municipales”.
Con esta ya son cuatro las alertas para la subregión de estos dos municipios nariñenses: dos de estas fueron emitidas en el 2019, y una más en el 2020.
“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado urgente a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal para que tomen las medidas necesarias que permitan el restablecimiento de los derechos de las comunidades afectadas, y que en los próximos 10 días se convoque a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), en cabeza del Ministerio del Interior” manifestó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Además, este indicó que durante los próximos nueve meses se llevará a cabo un “seguimiento riguroso” a ambas comunidades. “Desde la Defensoría del Pueblo, estaremos de manera permanente brindando el acompañamiento necesario a los habitantes de estos municipios, porque tienen en nosotros una institución que no los dejará solos”, concluyó Camargo.
MÁS DE DOS MESES EN CRISIS:
Desde hace más de dos meses, las confrontaciones entre los grupos armadas en la subregión de Telembí han generado que miles de familias tengan que huir de sus comunidades para protegerse y no ser víctimas del fuego cruzado. Hace un mes, Blu Radio había dado a conocer que el número de víctimas del desplazamiento ascendía a más de 4.000 personas.
Adicionalmente, el alcalde de Roberto Payán, Juan Carlos Sinisterra, manifestó en su momento que tenían 22 albergues instalados en escuelas, colegios e incluso en casas de familia, pero no son suficientes debido a que cada hora llegan más personas y no las pueden atender. Además, las ayudas tampoco alcanzan para todas las víctimas.
En lo corrido de este año, según pudo conocer Canal 1, se han presentado 27 eventos que obligaron a más de seis familias a abandonar sus territorios. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) afirmó que, desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las antiguas FARC-EP (2016), las cifras de desplazamientos han aumentado considerablemente.
Nariño, uno de los departamentos más afectados, ha reportado desplazamientos masivos en 27 municipios, obligando a escapar a unas 6.806 familias, que se ven representadas en 14.707 personas.
JUNIO, CON MÁS CASOS DE DESPLAZAMIENTO:
Un informe de la Defensoría del Pueblo estableció que junio fue el mes en el que más desplazamientos forzados y confinamientos se han registrado en el país durante el 2021, pues unas 2.108 personas resultaron afectadas por estos hechos de violencia.
El reporte establece también que ocurrieron seis eventos de desplazamiento masivo, llevando a que 1.729 personas de 643 familias tuvieron que abandonar sus hogares, por presiones de los grupos al margen de la ley.
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