En ejercicio de su acción preventiva y con el objetivo de verificar la adopción de medidas, actividades o programas dentro de la gestión del Gobierno nacional, la Procuraduría requirió al Ministerio del Interior, a la Unidad Administrativa de Migración Colombia, y la Gerencias de Fronteras de la Presidencia de la República, para que reporten las actuaciones adelantadas para evitar que se configuren acciones que atenten contra los derechos de esta población y el cumplimiento de los estándares internacionales de protección de DD.HH.
“La Procuraduría hará seguimiento a las medidas tomadas por las entidades territoriales y el Gobierno para agilizar la atención y brindar ayudas a esta población, en especial a aquellos que requieren atención médica, y velará para que se garantice la protección de los migrantes en tránsito”, señaló el Ministerio Público.
Según los últimos reportes, se trataría de 15.000 personas que están esperando tomar un transporte y seguir la larga travesía hasta Estados Unidos o Canadá, desde esa región del país.
La empresa transportadora se habría quedado sin capacidad operativa, pues solamente pueden mover 750 personas y a diario están llegando entre 1.100 y 1.500 personas al municipio.
Cesar Zúñiga, director de Gestión del Riesgo se pronunció al respecto y pidió a la empresa poner más lanchas a funcionar. “Solicitamos a la empresa transportadora el servicio de más lanchas para que podamos evacuar más migrantes diariamente y también estamos atentos a otra solicitud que le hicimos a la empresa para que descentralice la venta de tiquetes a hoteles donde ellos se hospedan para que ahí mismo puedan acceder a su tiquete y despejen las playas”, dijo.
Debido a esto, las autoridades declararon calamidad pública, pues los residuos sólidos en el municipio se incrementaron en 17 toneladas, según las autoridades. Así mismo hay preocupación pues los migrantes no estarían respetando o siguiendo protocolos de bioseguridad, lo que generaría un brote de covid-19 en la ciudad.
“La mayoría son de Haití, vienen cubanos, de Senegal y también hay venezolanos”, sostuvo César Zúñiga.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, estuvo en Necoclí y varios de los migrantes le contaron que detrás de la crisis se encuentran mafias de trata de personas, que estarían vendiendo lo que ellos llaman “paquetes turísticos” para hacer un recorrido desde Ipiales, Nariño, y por el que cobran hasta 300 dólares, por pasar la frontera.
De acuerdo con cifras de Migración Colombia, en los últimos dos años se han capturado al menos 200 coyotes -nombre que se les da a los criminales dedicados a cobrar por cruzar gente de una frontera a otra- y se han descubierto más de 50 redes dedicadas al tráfico de migrantes.
El Tiempo reveló que investigadores que hacen parte de casos de trata de personas dicen que no hay una tarifa fija y que, para ese tránsito desde Ecuador, Necoclí y Panamá, los factores para cobrar dependen del estado físico de los migrantes, la cantidad de individuos y hasta su apariencia.
Aseguró también que, en la mayoría de los casos el cobro mínimo es de dos millones y se han conocido situaciones en las que el coyote cobra cuatro millones de pesos y abandonan a los migrantes desesperados por cruzar.
En su charla con los migrantes, que están hace diez días en esta población esperando poder llegar en lancha a Panamá y seguir su camino, el defensor dijo que se trata de una red que trabaja desde Chile.
“Según las personas con las que hablamos, esta sería una red internacional que viene desde Chile, que los va moviendo por diferentes puntos del recorrido y a los que deben pagar una especie de ‘peajes’, y de la cual hacen parte transportadores y lugares de hospedaje”, agregó el defensor.
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