En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas, la Defensoría del Pueblo de Colombia reveló preocupantes cifras acerca de este delito. Solo entre enero y julio de 2021, la entidad ha brindado representación jurídica a más personas de las que atendió en todos los doce meses de 2020. En cifras concretas, durante el primer semestre de este año han contabilizado 99 víctimas de trata de personas, mientras que el año pasado fueron 88 casos.
Estos datos fueron expuestos en el informe “Panorama sobre las medidas de asistencia a víctimas de trata de personas”, publicado este 30 de julio. La investigación está enfocada en revisar las vulneraciones que sufren las mujeres y la población con orientación sexual e identidad de género diversas.
“En los seis primeros meses de este año, la Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, ha brindado representación jurídica a 99 víctimas de trata de personas, 11 casos más que los atendidos por la Entidad en todo el 2020 (88 casos) lo que da cuenta de un aumento inusitado en la atención a este tipo de delitos”, aseguró la entidad.
Las autoridades están preocupadas por el crecimiento del fenómeno. Desde 2016, la Defensoría del Pueblo ha representado a más de 600 víctimas. En ese año se acompañaron 131 casos; en 2017 un total de 154; en 2018 fueron 74; en 2019 bajó hasta 65; en todo 2020 aumentó a 88 casos. Ahora, con lo que se reporta en 2021, la entidad ya proyecta este como uno de los años con mayores cifras de atención de este delito.
Se detalló que actualmente la Defensoría brinda asistencia jurídica para el restablecimiento de derechos de las víctimas de trata en 17 de los 32 departamentos del país. Estos son: Bogotá (33 casos), Valle del Cauca (15), Antioquia (10), Tolima (7), Santander, Norte de Santander y Putumayo, (6 casos cada uno), Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda y Vaupés, (2 casos cada uno) y Atlántico, Caquetá, Cauca, Cesar y la región Pacífico (un caso cada uno).
Además, en el informe se indican los principales conceptos en torno a la identificación del delito, las medidas a las cuales tiene derecho una víctima directa y las indirectas, la tipificación. También se mencionan las finalidades identificadas que persigue la normativa y las instancias a través de las cuales se materializa el programa de asistencia.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que este delito afecta principalmente a las mujeres que son engañadas con la promesa de una mejor calidad de vida y terminan siendo esclavizadas sexualmente o utilizadas para trabajos forzados. Las víctimas no pueden escapar de sus opresores porque en la mayoría de los casos les retienen sus documentos, son secuestradas y torturadas.
El funcionario aseguró que en Colombia se están haciendo los procesos pertinentes para combatir el problema, pero aún se necesitan más acciones.
“A pesar del desarrollo normativo y los esfuerzos institucionales, siguen faltando mecanismos efectivos de identificación, acceso a la justicia, protocolos unificados de actuación entre las entidades competentes y coordinación interinstitucional para la asistencia adecuada e integral de las víctimas”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
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