Amnistía Internacional tildó de represión violenta las actuaciones de la Policía colombiana en las protestas del paro nacional

Amnistía Internacional, el movimiento global por la defensa de los Derechos Humanos que está presente en 150 países, criticó las acciones policiales para controlar las protestas con motivo del paro nacional en contra del gobierno del presidente Iván Duque en Colombia, y además calificó de paramilitarismo urbano a las acciones de ciudadanos armados en contra de manifestantes en Cali, durante las jornadas de movilización social en esas ciudad del occidente colombiano.

En su informe ‘Cali: En el epicentro de la represión’, la organización ha evidenciado el uso “excesivo e ilegítimo” de armas letales contra los manifestantes, como gases lacrimógenos, así como arrestos y numerosas formas de violencia que son “reflejo” de “cientos de denuncias” de los afectados.

“Las autoridades colombianas violaron los Derechos Humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas”, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

Asimismo, ha criticado que “bajo la justificación del restablecimiento del orden”, cientos de personas sufrieron “lesiones terribles” y decenas de jóvenes perdieron la vida en las concentraciones en la ciudad.

“Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, lamentó.

Según Amnistía Internacional, la capital del Valle del Cauca es el centro de una de las regiones más golpeadas por el conflicto interno y caracterizada por la “desigualdad, la exclusión y el racismo estructural”, lo que ha sido el “detonante” para que concentre el mayor numero de protestas.

Esto ha llevado, a su vez, a que sufra más violaciones de Derechos Humanos durante las manifestaciones multitudinarias que arrancaron en el país sudamericano desde el 28 de abril, aseveraron en la organización, que ha incidido en que hasta la fecha las autoridades colombianas “continúan restringiendo el derecho a la protesta pacífica”.

Amnistía ha verificado de forma “exhaustiva” material audiovisual que recoge el uso “excesivo” de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional, en concreto, del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que ha sido cuestionado por distintas organizaciones y la comunidad internacional por su acción en el estallido social colombiano.

Igualmente, la organización documentó actos de paramilitarismo urbano que perpetraron civiles armados, quienes “acompañaron a los agentes de la Policía Nacional”. “Con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los Derechos Humanos”, denunciaron en el organismo.

El informe se centró en el análisis de tres acontecimientos que acumularon diversos casos de violaciones de Derechos Humanos en Cali, la denominada ‘Operación Siloé’, el ataque contra la Minga Indígena, y la represión en un barrio aledaño a la Universidad del Valle.

La organización señaló el uso de “armas letales contra manifestantes pacíficos” en una incursión de la Policía y el Esmad el 3 de mayo en la comuna de Siloé, lo que se saldó con tres muertos por arma de fuego, entre ellos el joven Kevin Agudelo, además de cientos de heridos y detenidos de forma arbitraria.

En este evento se recurrió al uso de gases lacrimógenos incluso contra manifestantes pacíficos “que no tenían por donde dispersarse”, criticó Amnistía Internacional, para incidir en que no se trataron de hechos “aislados”, si no de la línea de acción de las autoridades “con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización”.

El ataque contra la Minga Indígena por parte de civiles armados en presencia de policía el 9 de mayo ha sido otro de los sucesos analizados por Amnistía, que ha recordado que hasta 11 personas indígenas resultaron heridas en este incidente, entre ellas la activista Daniela Soto.

El tercer caso destacado por la organización ha sido lo ocurrido el 28 de mayor en un barrio cercano a la Universidad del Valle, donde la Policía uso “fuerza excesiva en coordinación con civiles armados” para atacar a manifestantes, dejando una decena de jóvenes golpeados y detenidos por los grupos armados que se encargaron de “entregarlos” a las autoridades.

Entre estos, habrían estado los jóvenes Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, que han denunciado haber sido también “torturados” durante esas detenciones ilegales.

Por otro lado, la organización ha condenado la orden del presidente colombiano, Iván Duque, del 28 de mayo, cuando decretó la militarización de varias ciudades del país. “Lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas al mandar a las calles cuerpos militares con más de seis décadas de formación para el conflicto armado”, condenaron.

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