Hasta hace una semana, en la vereda Georgia, adscrita a Ituango (Antioquia), vivían alrededor de 250 habitantes, sin embargo, después de ser amenazados por grupos ilegales, en el lugar solo quedan seis personas. Algunos permanecen en la zona para cuidar los cultivos y bienes propios y de sus vecinos, pero otros no pueden irse porque están físicamente impedidos a causa de enfermedades o de su avanzada edad.
Uno de estos casos lo protagoniza la mamá de Jenaro Graciano, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda. Él cuenta que la señora tiene 95 años y sigue en Georgia porque no quiere abandonar su casa, pero además está en condición de discapacidad, por lo que se hace más difícil su traslado.
“Mi mamá es discapacitada, está en una silla de ruedas y no se quiso venir para el casco urbano, porque ella dice que se muere si deja su finca. Mi hermano se quedó cuidándola, pero está en una zozobra total. Además, él es hipertenso y ya no encuentra medicamentos”, dijo Graciano a La FM.
Además de este caso, también se reveló que otra persona que está en la vereda tiene discapacidad visual. Salir de allí para salvaguardarse es muy difícil, pues el casco urbano de Ituango queda a cinco horas a pie y el terreno es inestable.
Por otra parte, están quienes se quedaron para vigilar sus pertenencias y cultivos. Ellos lo hacen porque, aunque la mayoría de sus vecinos salieron de sus casas huyendo de las amenazas de los subversivos, siguen pensando en qué pasará con sus terrenos porque ese es su único medio de sustento.
Esta situación tiene en riesgo varios cultivos de café, plátano, maíz y fríjol. Además, se podrían perder o morir animales como cerdos, vacas, gallinas, pollos, perros y gatos que quedaron solos en las fincas.
La situación de violencia en Ituango es crítica y por eso los afectados piden que se les den garantías para retornar a sus hogares.
En este sentido, desde el Gobierno nacional se ordenó que 250 miembros de la fuerza pública se trasladen a las zonas rurales de Ituango para controlar la situación de seguridad. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, la instrucción la dio el mismo presidente Iván Duque, y luego se definió que los uniformados estarán bajo la coordinación del general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional.
“Con el liderazgo del general Juvenal Díaz Mateus (...) para que lleguen a las veredas de Ituango y se den las garantías para que se dé retorno de la población civil en condiciones de dignidad y voluntariedad”, resaltó Molano este 28 de julio en la mañana.
Según organizaciones sociales y las autoridades municipales, la cifra de desplazados ya superó las 4.000 personas. Incluso, la líder social de Ituango, Isabel Cristina Zuleta, quien también integra el Movimiento Ríos Vivos, precisó que el número de desplazados se ubica en 4.041 personas, que conforman 1.674 familias.
Las familias habitaban en 31 veredas, como Santa Lucía, Quebrada del medio, El Quindío, Santa Bárbara, El Limón, Las Brisas, El Chuscal, Los Sauces, Las Arañas, La Miranda, San Isidro, Alto de San Agustín, El Mandarino, Cenizas, El Herrero, El Cedral, El corregimiento de La Granja, Chontaduro, Murrapal, Palmitas, Montealto, Quebradoncita, El Amparo, El Inglés, La Georgia, El Río, Chispas, El Yolombo.
“Este es el mayor desplazamiento del que tiene noticias la Procuraduría en el departamento de Antioquia. Este es un tema que rebasa la capacidad del municipio de Ituango y especialmente de su Alcaldía y de la Gobernación. Es muy importante que el gobierno nacional haga presencia y que nos acompañe en la atención de esta situación”, señaló el procurador regional, Luis Fernando Bustamante.
En cuanto a los responsables, las autoridades han señalado al Frente 18 las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y miembros del ‘Clan del Golfo’, quienes buscan el control territorial de Ituango y las zonas rurales, a través de generar terror en la población por medio de amenazas.
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