Este miércoles se definió la mesa directiva de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la corporación que investiga a personalidades como el presidente de la República y a los magistrados de las altas cortes y el fiscal General de la Nación. El representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, es el presidente.
La elección del congresista se dio gracias a los votos mayoritarios de los miembros de la Comisión, pero los decisivos fueron los del partido Conservador, Cambio Radical y su mismo partido. En la vicepresidencia quedó Fabio Arroyave, del partido Liberal.
“Hoy asumo una gran responsabilidad. Ser el Presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara. Realizaré las investigaciones suficientes y necesarias garantizando siempre el respeto y cumplimiento de la Ley y la imparcialidad que esta dignidad me merece”, dijo Villamizar tras la posesión.
Antes del congresista del Centro Democrático, estaba Carlos Alberto Cuenca, de Cambio Radical que intentó dejar a Arroyave en la cabeza, pero la votación no alcanzó y esta prácticamente estaba asegurada para Villamizar, quien terminó ganando. Cuenta actualmente tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por presuntamente haber incurrido en compra de votos en 2014 para su campaña.
Por su parte, a Villamizar se le conoció un lío por unas tierras en Santander, su departamento. El congresista le solicitó a la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta una aclaración del fallo que lo obliga, junto a sus dos hermanos, a devolver una finca que compraron en el 2008.
Aquella finca, de acuerdo con lo que se presume en la investigación, le fue arrebatada a una familia por parte de un grupo armado en el año 1997. De acuerdo con lo que conoció Blu Radio, en exclusiva, Villamizar, en el recurso de aclaración del fallo, presentado el pasado mes de junio, aseguró que la sentencia ‘no está ejecutoriada’.
Lo que explica la Secretaría Distrital de Planeación es que una sentencia ejecutoriada “ya no admite recurso judicial alguno, y se puede exigir el cumplimiento incidental o iniciar demanda ejecutiva en su caso. Se dice que la causa está “ejecutoriada”, cuando ya han terminado todos los trámites legales y produce además el efecto jurídico de cosa juzgada”.
Sin embargo, el Tribunal de Restitución de Tierras, quien falló en contra de Villamizar y sus hermanos, ya le devolvió judicialmente la finca ‘Puerto Rico’ a la familia Durán Capacho.
El predio está ubicado en cercanías al río Sogamoso y tiene casi 1,73 kilómetros cuadrados. Información que reveló El Espectador, medio que reconstruyó la historia de la familia cuya vivienda les fue arrebatada, explicó que los hermanos Villamizar compraron la finca en el año 2008 a una mujer identificada Nancy Mantilla quien, en 2002, la adquirió luego de negociar con la familia Castellanos Rodríguez.
A la casa de Martha Capacho, una campesina de Girón, Santander, propietaria original de la vivienda, llegaron hombres armados amenazándola, “agarraron las puertas a pata, preguntaron quién era mi esposo, nos dijeron que teníamos que desocupar la finca, que la vida de nosotros corría peligro, que estábamos mal informados por los vecinos por tener un radioteléfono en la finca. Que, según ellos, nosotros le dábamos al Ejército información de ellos. Inmediatamente dejamos la finca botada. En ese momento operaban las Farc, pero también estaban empezando a entrar los paramilitares”, le contó aquella mujer a la justicia colombiana.
SIGA LEYENDO