Edwin Ballesteros también deberá rendir indagatoria por el caso que involucra a Richard Aguilar

El próximo 23 de agosto el representante a la Cámara por el Centro Democrático Edwin Ballesteros deberá rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia para que responda por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas en Santander entre 2013 y 2016. La cita para la declaración fue hecha por la Sala de Instrucción del mecanismo de justicia, que está siguiendo el caso desde el 25 de septiembre de 2019, cuando la Fiscalía General de la Nación compulsó copias del caso al alto tribunal.

La notificación de la cita es un paso oficial para avanzar con el proceso, pues hay que recordar que se sabía que Ballesteros debía rendir indagatoria desde el pasado 21 de junio, cuando la Sala de Instrucción abrió la investigación formal en contra del representante.

Desde ese momento se dio a conocer que el representante será investigado por haber incurrido en cinco delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.

Esta investigación está relacionada al caso del congresista Richard Aguilar, que se oficializó el pasado 20 de mayo y está relacionada con delitos que cometió cuando ejercía como gobernador de Santander entre 2012 y 2015.

Aguilar presuntamente direccionó más de cinco contratos avaluados en alrededor de 400 millones de pesos de forma ilegal. Estos convenios hacían parte del proyecto del corredor vial San Gil - Charalá, las obras adelantadas para el tercer carril entre Bucaramanga y Floridablanca y un contrato para adelantar obras en el Estadio de la Villa Olímpica de Bucaramanga. Además, habría utilizado de forma incorrecta dineros del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

De esa lista de proyectos en los que Aguilar había cometido actos de corrupción, Ballesteros se habría beneficiado cuando se desempeñaba como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. (ESANT). Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura de Santander entre 2012 y 2015, y su esposo Lenin Darío Pardo, junto a Andrés Mauricio Diaz Herrera, interventor en contratación, quienes también están vinculados al caso, mencionaron a Ballesteros en sus declaraciones y aseguraron que algunos de los contratos se le direccionaron al representante.

“La información suministrada por los testigos Pardo Pulido y Diaz Herrera adquiere seriedad y consistencia probatoria, en la medida en que resultó respaldada por otros medios de convicción de carácter documental, testimonial y técnico, de los que emergería el compromiso penal del actual representante a la cámara Edwin Gilberto Ballesteros”, se lee en el documento emitido por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Cabe mencionar que, la pareja Toledo - Pulido ya que fue imputada en octubre de 2018 y actualmente está bajo medida de aseguramiento domiciliario y se acogió a un programa de beneficios judiciales a cambio de declarar contra los congresistas. En medio de este trato se detalló que Ballesteros se habría beneficiado de la construcción de viviendas en Landázuri y la ampliación y remodelación del estadio Alfonso López. Así mismo, se le entregó de forma irregular el contrato del acueducto de Landázuri, una obra que fue suspendida y abandonada, después de recibir un anticipo de 1.738 millones de pesos.

Según la Corte, “para lograr la adjudicación de los contratos antes relacionados, se habría pactado el pago de comisiones o coimas por parte de los contratistas a Edwin Gilberto Ballesteros Archila y otros servidores públicos”.

SEGUIR LEYENDO: