Se revelan detalles de la investigación por la que fue capturado el senador Richard Aguilar

Richard Alfonso Aguilar Villa pasó la noche en el búnker de la Fiscalía General de la Nación luego de ser detenido por agentes del CTI, en cumplimiento de una medida de aseguramiento que dictó en su contra la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, como parte de una investigación que se sigue por irregularidades en contratos que suscribió entre 2012 y 2015.

Richard Aguilar es hermano del actual gobernador de Santander, hijos de Hugo Aguilar, el policía que ultimó al capo Pablo Escobar, creó el Parque Nacional del Chicamocha (Panachi) y condenado por vínculos con paramilitares en 2011. Para ese año ya había hecho de su apellido un fortín político, de los más poderosos de la región, y al estar inhabilitado para su anhelada reelección, le entregó a su hijo las banderas de la campaña para la Gobernación de Santander y resultó elegido.

Sin embargo, no son los líos familiares los que tiene a Richard Aguilar en detención, sino las propias actuaciones contractuales que ejecutó cuando ocupó el cargo, de los cuales es señalado de presunta corrupción, entregar licitaciones a dedo y exigir coimas a cambio de favorecer con las obras del departamento.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, cuatro contratos firmados por Aguilar entre 2012 y 2015 tienen irregularidades y las investigaciones apuntan a “hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado - para sí y para otros- de dineros públicos”.

El primer contrato que abrió la investigación fue el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica Alfonso López de Bucaramanga, que desde que Aguilar dejó la Gobernación, un año después de firmarlo, se empezó a cuestionar las irregularidades. Un contrato que se firmó el 26 de febrero de 2015 y que terminó costando un 40% más del valor inicial, parte de los dineros, cerca de 2.900 millones de pesos, que presuntamente fueron destinados a coimas que recibieron la secretaria de infraestructura, su esposo y un interventor.

El contrato recibió esa adición, de acuerdo con el diario Vanguardia, tan solo un año después cuando llevaba el 16% de ejecución y estuvo cerca del límite para ese aumento del presupuesto. Debido a las denuncias de otros políticos y veedores, la Fiscalía investigó el contrato y llamó al constructor.

Así inició una cadena de confesiones que terminó por enredar al entonces gobernador Richard Aguilar. De acuerdo con Noticias Caracol, el constructor confesó que la secretaria de Infraestructura Claudia Toledo y su esposo Lenín Darío Pardo le pidieron una coima de 2.300 millones para adjudicar el contrato.

Junto a Toledo también han confesado Octavio Reyes y Julián Jaramillo, funcionario de la confianza de Aguilar. La exsecretaria, que se encuentra en casa por cárcel junto a su pareja, ha asegurado que el entonces gobernador adjudicaba los contratos a dedo y pedía una comisión del 10% por cada uno. Fueron esos testimonios que según El Espectador no han sido avalados completamente por la Fiscalía, los que sirvieron a la Corte Suprema para abrir investigación formal en contra del senador el pasado mes de mayo.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Corte, también hay investigación por las obras de mejoramiento de la carretera San Gil - Charalá, que se firmó en 2014. Según el diario Vanguardia, al parecer, Aguilar Villa había dado la orden de adjudicar la obra a Aureliano Naranjo Salamanca, quien sería, afirma la Corte, primo hermano del papá del ahora senador.

La promesa no se pudo cumplir por un error técnico en los documentos financieros que presentó la empresa del ‘primo’ y el contrato terminó en manos de Consorcio Conectividad Vial San Gil, Constructora Valderrama y Valco Constructores, la primera de Carlos Alberto Solarte, condenado por Odebrecht; y las otras dos de los hermanos Fernando y Ricardo Valderrama, según el diario El Espectador, quienes son socios conocidos de Richard Aguilar.

Otro de los contratos investigados es el corredor vial Agroforestal y Energético, también firmado en 2014, que presuntamente habría sido una obra de consolación a su ‘primo’ Naranjo Salamanca que ascendía a los 180 mil millones de pesos, por la rota promesa del la vía San Gil Charalá que tenía un valor cercano a los 113 mil millones.

El contrato terminó en manos de Promesa de Sociedad Futura Unidos por Santander, de Aureliano Naranjo, pero según la secretaria de Infraestructura Toledo, de acuerdo con Vanguardia, para adjudicarlo se había activado una red de intermediarios que acomodaba los pliegos de condiciones para que el contratista seleccionado pudiera garantizar el 100% de la obra. Así se habrían cambiado los requisitos del contrato hasta siete días antes de ser firmado.

Las investigaciones deberán continuar, mientras el senador Aguilar ha dicho que se trata de un ataque en su contra por parte de los exfuncionarios de su administración. Así mismo, el ahora gobernador Mauricio Aguilar, hermano del congresista capturado, afirmó que confía en la justicia para esclarecer el caso.

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