Este martes 27 de julio, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) presentaron el ‘Informe Explotación de Oro de Aluvión (Evoa)’, el cual evidencia que más del 50 % de la minería de aluvión que se desarrolla en el país se lleva a cabo en áreas protegidas.
De acuerdo con este documento, realizado junto a la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos, el 80 % de las evidencias de explotación de oro de aluvión en tierra en la categoría de explotación ilícita se concentra en nueve departamentos del país.
“El 52 % de toda la Evoa en tierra se encuentra en las zonas excluibles de la minería, es decir, protegidas ambientalmente, las cuales corresponden a territorios de protección y desarrollo de recursos naturales renovables y ambientales donde la ley determina que no se podrán ejecutar obras de exploración o explotación de recursos minerales”, indicó la cartera en un comunicado.
Las zonas más afectadas por esta actividad ilícita son las Zonas de Reserva Forestal, con un impacto en 49.011 hectáreas de bosques protegidos, y la Reserva Forestal del Pacífico, que representa el 66 % del área reportada.
A su vez, el informe señala que el 69 % de Evoa en tierra se encuentran en la categoría de explotación ilícita, debido a que no cuentan con los permisos ambientales y técnicos requeridos para la explotación, a la vez que no se encuentra en la categoría de encontrarse en “tránsito a la legalidad”, dentro de los cuales el 60 % se lleva a cabo en áreas protegidas.
Los departamentos donde se desarrolla esta actividad ilícita son Chocó, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca, Córdoba, Guainía, y Putumayo, y los tres departamentos donde se concentra la explotación de oro de aluvión son Antioquia, Chocó y Bolívar.
“El sistema de monitoreo nos permite saber en dónde se encuentra el fenómeno ilegal, ahora es necesario comprender las dinámicas de esos territorios para diseñar estrategias que fortalezcan la capacidad del Estado para que la riqueza de Colombia se traduzca en bienestar para todos los colombianos”, aseguró el representante de Unodc, Pierre Lapaque.
Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, destacó el compromiso por la lucha contra la minería ilegal en el país y resaltó la protección del medio ambiente, debido a que esta actividad tiene un grave impacto sobre los ecosistemas y la biodiversidad, como el que se ha evidenciado en el Urabá antioqueño.
“Con esta información se plantean posibilidades de intervención en los territorios, dirigidas a contener o prevenir la explotación ilícita de oro y generar un avance hacia la formalización de la actividad cuando se puede y hay vocación de legalidad, la cual avanza con más de 4.700 mineros y mineras”, aseguró el ministro, Diego Mesa Puyo.
A su vez, señaló que desde la institucionalidad se han dispuesto herramientas que buscan conducir al tránsito de la legalidad mediante diferentes estrategias y enfoques, especialmente para los pequeños mineros y grupos étnicos, que buscan facilitar el acceso a regalías para fomentar la formalización.
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