El pasado 21 de abril, en una sesión de más de cuatro horas, se archivó el proyecto de ley que pretendía prohibir el uso del glifosato y sus derivados en la Política Nacional de Drogas. Y este 26 de julio, poco más de tres meses después, 46 congresistas de diferentes bancadas volvieron a radicar la iniciativa.
El propósito del proyecto es “preservar el derecho a la vida, la salud y un ambiente sano de todos en todos los territorios del país”, prohibiendo “el uso del uso de glifosato y sus derivados”. Además, propone dar prioridad a la estrategia de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, junto con garantizar proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros o forestales para los campesinos cultivadores.
“Este es un proyecto que se articula con lo dispuesto por el Acuerdo de Paz en su punto 4 y busca alternativas fuera de la aspersión, para acabar con los cultivos de uso ilícito, como la erradicación manual y verdaderos proyectos de inversión para los campesinos, que sufren todos los flagelos como la violencia, el abandono y la intoxicación de sus campos con este herbicida”, sostuvo el senador Antonio Sanguino.
La iniciativa buscaría ponerle freno a la intención del gobierno de Iván Duque de regresar a esta práctica para erradicar cultivos de uso ilícito, que se hizo latente el pasado 12 de abril con la expedición de un decreto para su reactivación. La aspersión con glifosato, cabe anotar, fue suspendida mediante la resolución 006 del 29 de mayo de 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE); en ese entonces, la Organización de las Naciones Unidas (OMS) clasificó al herbicida como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.
Los que se fumigarían, de acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano, el 12 de abril, “son cultivos de grandes extensiones, son más de 53 mil hectáreas que ha determinado la Policía y están localizados en varios departamentos del país, como en el sur oriente colombiano. También está en la zona de Norte de Santander y otra parte en el Bajo Cauca”.
Ahora bien, quienes radicaron el proyecto de ley consideran que los costos de invertir en sustitución y erradicación voluntaria son menores que el glifosato. Aproximadamente se invertiría 40 millones por familia, un total de 2,9 billones. Para ellos, además de ser una medida sostenible en el tiempo, implicaría que merme la violencia en poblaciones donde las estructuras criminales luchan por el poder de los cultivos ilícitos.
Acerca del proyecto, el senador Iván Marulanda (Alianza Verde) explicó:
“Estamos radicando Proyecto para la prohibición del glifosato. Insistimos, la apuesta es regular y NO hacer aspersiones aéreas con glifosato que comprometen la salud, los suelos, el aire y la tierra. El enfoque prohibicionista fracasó”.
Entretanto, Alberto Castilla, congresista del Polo Democrático, puntualizó: “El país necesita cambiar el modelo fracasado de la denominada lucha contra las drogas, y buscar medidas alternativas para la erradicación de cultivos de uso ilícito así como impulsar estrategias integrales”,
Por qué prohibir el glifosato
Lo que argumentan desde las bancadas que apoyaron la radicación del proyecto de ley para prohibir el uso del glifosato en Colombia es lo siguiente:
- Es probablemente cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud.
- Contamina fuentes hídricas, destruye cultivos lícitos y genera enfermedades dermatológicas y respiratorias.
- El porcentaje de resiembra donde se asperja con glifosato es del 40 %. Mientras que con sustitución voluntaria es del 6 %.
- Entre 2005 y 2014 cada hectárea fumigada con glifosato costó 72 millones de pesos. En total, el Estado gastó 79,9 billones de pesos.
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