“El decreto no es de asistencia militar”: Duque impugnará fallo del Consejo de Estado

El Consejo de Estado decidió suspender transitoriamente el Decreto 575 del 2021, por medio del cual el Gobierno nacional impartió medidas para el restablecimiento del orden público, que se ha visto afectado en distintas ciudades del país a raíz de protestas y movilizaciones ciudadanas registradas a partir del 28 de abril, por considerarlo una amenaza del derecho fundamental a la protesta social.

La decisión del alto tribunal obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, presentaron varios ciudadanos de Cali, que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones al orden público originadas en las manifestaciones ciudadanas y protestas en esa ciudad estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada.

El Gobierno en el decreto en mención reglamentó el uso de militares como lo considerarán los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes de Cali, de Buenaventura, y de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, en medio de las protestas.

“Coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, de manera que el departamento, el distrito y los municipios, pongan en ejecución este instrumento legal para afrontar y superar los hechos”, se lee en el decreto.

Tras la suspensión del mismo por parte del Consejo de Estado, este sábado el presidente Iván Duque anunció que impugnarán el fallo.

En declaraciones a medios durante la agenda de trabajo que adelanta en Sabanagrande (Atlántico), el presidente aclaró los alcances del decreto expedido por su gobierno. “Desde el punto de vista judicial, nosotros vamos a hacer la impugnación como corresponde y lo hacemos, primero, porque el decreto no es de asistencia militar, sino para desarrollar una función constitucional que tiene el Presidente de la República para darles instrucciones a gobernadores y alcaldes sobre el manejo del orden público”, dijo el mandatario.

Aclaró que en el artículo 217 de la Constitución establece que “la función de la Fuerza Pública en nuestro país, es proteger el orden constitucional y todas las Fuerzas, todas, con restricto apego y respeto a los Derechos Humanos tiene que cumplir esa labor con instrucciones que se dan desde la Presidencia de la República”.

“Como Presidente de la República seguiré impartiendo todas las instrucciones que sean necesarias a alcaldes y gobernadores y a toda la Fuerza Pública para preservar el orden constitucional”, reiteró.

Aclaró, además, que “preservar el orden constitucional, preservar el orden público no necesita decretos, porque es muy clara nuestra Carta Política. Nosotros usamos un decreto para que ciertas instrucciones, en el marco de una situación, pudieran ser lo suficientemente claras para la aplicación por los gobernantes locales”.

Por esta razón, afirmó que “haremos esa impugnación”, pero insistió en que “seguiremos impartiendo todas las instrucciones en función ejecutiva, administrativa y en virtud, también, de la responsabilidad constitucional de velar por el orden público y esas capacidades se utilizan de manera preventiva y se manejan también para enfrentar alteraciones del orden público”.

En su decisión, el Consejo de Estado, además ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, y al director general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas Valencia, que, por su conducto, los miembros del poder policivo acaten debidamente los protocolos establecidos para la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección de la protesta social previstos en el Decreto 003 de 2021.

Adicionalmente, pese a que la sala declaró la carencia de objeto frente a la pretensión formulada por los accionantes de ordenar al Gobierno nacional y al alcalde de Cali a conformar una mesa de trabajo en las que se discutan las demandas sociales objeto de las protestas y sus posibles soluciones, se instó a los protagonistas de las mesas a mantener el diálogo como mecanismo de superación de las diferencias y las problemáticas que están siendo denunciadas en estas movilizaciones.

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