JEP acredita a cinco militares como víctimas de minas antipersonal

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a cinco soldados que fueron víctimas de las minas antipersonal dentro del caso 05 que estudia los hechos sucedidos en el conflicto armado en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Con esta acreditación, la JEP reconoce las afectaciones a la vida y la integridad sufridas por los miembros de la fuerza pública por conductas que se constituyen en una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario, además, relata la JEP, muestra también la necesidad de los miembros de la fuerza pública que fueron afectados por el conflicto de ser parte de la justicia transicional.

“La utilización de minas antipersonal puede considerarse como un crimen de guerra, teniendo en cuenta la naturaleza indiscriminada de estas armas y su potencial de causar sufrimientos innecesarios, dentro del marco de métodos y medios de guerra prohibidos”, explicó la Sala. En febrero de este año la JEP acreditó al primer soldado en el caso 05 por este tipo de afectación.

Debido a que han llegado solicitudes de acreditación de víctimas de la fuerza pública por este caso, pero que no están priorizadas dentro de los seis macrocasos que maneja la Jurisdicción, se estudia la posible apertura de un séptimo que hable sobre las violaciones al DIH cometidas contra miembros de la fuerza pública. Por ahora, las solicitudes de estas personas se mantienen en el ‘Repositorio de solicitudes de acreditación de víctimas de las Farc-EP por conductas ajenas a los macrocasos priorizados por parte de la SRVR’.

El caso 05 prioriza la investigación de las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en 17 municipios: Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Morales, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío, en el departamento del Cauca. Y en Candelaria, Florida, Jamundí, Palmira y Pradera, en el departamento del Valle del Cauca.

En abril de 2019, la JEP recibió un informe de la organización Mil Víctimas, que reúne a miembros del Ejército Nacional que fueron víctimas de las minas antipersonal. De acuerdo con la investigación presentada ante esa jurisdicción, 7.413 militares fueron víctimas de estos artefactos. En Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Arauca fue donde hubo más casos reportados.

El general Javier Ayala, jefe del departamento Jurídico del Ejército, dijo que “con esta entrega, la Organización Mil Víctimas y el Ejército Nacional buscan visibilizar a los militares víctimas de minas antipersonal y a sus familias”.

Para el magistrado Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, el informe es un insumo muy valioso que brinda “elementos para determinar cómo debe ser la justicia restaurativa que la JEP tiene que aplicar en todas sus actuaciones”.

Por su parte, Carlos Julio Susa Rodríguez, quien perdió sus piernas por minas antipersonal en el año 2000, expresó que los militares víctimas de estos hechos confían en la no repetición de lo sucedido y esperan que no haya impunidad. Y expresó: “Esperamos que hechos como estos no se sigan repitiendo en Colombia. No queremos más víctimas de minas antipersonal”. El informe se presentó este 4 de abril, Día Internacional de la sensibilización contra las minas antipersonal.

Por otro lado, este miércoles la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el atentado perpetrado contra el integrante de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (Fevcol), Ricardo José Rojas Daza, en inmediaciones del municipio de Chiriguaná en el departamento de Cesar.

El tribunal de paz instó a las autoridades en el país para que adapten de manera inmediata las medidas necesarias para proteger a Rojas Daza, quien también es director de la Asociación para la Protección Campesina, Afrocolombiana, Indígena y Víctimas de Colombia (Ascavic) y líder sindical de la multinacional estadounidense Drummond.

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