El salario de los congresistas colombianos volvió a ser el centro del debate luego de que el Partido Liberal presentó una reforma constitucional en la que proponen congelar los $35.621.000 millones de pesos que devengan los parlamentarios mensualmente.
La iniciativa es promovida por el senador Rodrigo Villalba y lo secundan 13 colegas de su partido, dirigido por el expresidente César Gaviria y quienes, en el segundo día de la nueva legislatura, controvirtieron a la esfera política y pública con la sonada y ya conocida propuesta.
El proyecto no solo busca que quienes legislan en el Senado y la Cámara de Representantes sigan ganando esos más de 35 millones mensuales por cinco años, sino que también, los salarios de otros funcionarios de las altas entidades del Estado no aumenten anualmente, tal y como sucede hasta ahora.
Más allá de ser una propuesta que comúnmente es catalogada como “populista”, los congresistas liberales plantean congelar el aumento salarial de los funcionarios mencionados y así contribuir para que el Estado colombiano ahorre, sobre todo, en el marco de la crisis social y económica que desató la pandemia.
De aprobarse este acto legislativo, se tendría que modificar el artículo 187 de la Constitución colombiana en el que se estipula que cada año se deberá hacer un ajuste (aumento) al salario de los honorables miembros del Congreso colombiano.
En ese aparte se agregaría un ‘otrosí' en el que se mencione que por los próximos cinco años no se hará el incremento salarial. Así lo plasmaron los congresistas liberales en su proposición:
“Por el término de cinco años y a partir de la promulgación de este acto legislativo, la asignación para los miembros del Congreso no será reajustada de conformidad con la regla escrita en esta artículo, quedando como asignación de sus miembros el valor del último año de remuneración previo a la entrada de vigencia de este acto legislativo. La misma regla se aplicará a todos los servidores públicos cuya asignación salarial sea mayor a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los magistrados de las altas cortes, trabajadores del nivel Ejecutivo y dirección y de las empresas y entidades públicas que administran recursos parafiscales”, reza el documento.
Aunque para varios senadores y representantes la idea podría beneficiar al país, lo cierto es que tiene más contras que pros. De cara al último año que le queda al actual Congreso, lo que dificulta varios de los actos legislativos que se discuten en el parlamento, cabe recordar que como el proyecto tendría que modificar la Constitución Política de Colombia, la reforma se tendría que someter a ocho debates; es decir, muy posiblemente no les dé el tiempo.
En caso de que se apruebe, la propuesta entraría en vigencia en el próximo período legislativo 2022-2026, lo que para el ponente del proyecto, el senador Villalba, le permitiría a los parlamentarios poner un alto al exorbitante aumento que tienen anualmente sus millonarios sueldos: “Es un imperativo hoy, con este problema y estallido social que precede la instalación de esta última legislatura, trabajar sobre la materia”, precisó el congresista, aduciendo a la desigualdad que existe entre los colombianos de a pie que se ganan un salario mínimo y quienes, como él, reciben lo 35 millones.
“Ese incremento automático que la Contraloría certifica cada año con esa fórmula, también genera un debate sobre la materia y el problema no es de los altos salarios, sino de la inequidad, el problema de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, el problema es que el incremento se vuelve odioso cuando se compara con el incremento del salario mínimo”, subraya Rodrigo Villalba.
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