CIDH declaró como responsable al Estado colombiano por desaparición de dos desmovilizados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de los desmovilizados de la guerrilla del Epl Jhon Ubaté y Gloria Bogotá, desaparecidos en Cali en el año de 1995. Debido a lo presentado el organismo le pidió pidió a los abogados de las víctimas entregar dentro de un mes su postura sobre que el caso que pasará a Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y sus pretensiones en materia de reparación.

Además, de el señalamiento contra el Estado colombiano, el organismo interamericano señaló que emitió un informe que ya fue entregado al Gobierno colombiano con las recomendaciones de la Comisión sobre este caso y le dio el plazo de dos meses para que informe qué ha hecho para cumplir lo recomendado por la CIDH.

En los 26 años que llevan desaparecidos los dos ciudadanos, los investigadores encontraron alrededor de 40 testigos que vieron cómo ambos que se encontraban frente a la Clínica Tequendama de Cali, fueron golpeados y subido a un vehículo en la que iban policías vestidos de civiles y gritaba que lo iban a desaparecer, y posteriormente sin más los funcionarios de la policía procedieron a llevárselos y nunca más se supo de ellos.

“El argumento de la Policía es que mi hermano estaba haciendo una extorsión. Pero si era eso realmente, por qué no hacen una captura legal. Luego pude descubrir que ese grupo de policías estaba trabajando con particulares de mucho poder en Cali”, comentó Sandra Ubaté Monroy la hermana de John en entrevista con el diario de El Espectador 2020.

La mujer contó que la desaparición de su hermano y Bogotá se dio luego de que John presentara un informe en el que denunciaba las irregularidades que se presentaban por parte de uniformados en ese entonces en la Quinta Estación de Policía en Cali, mismos sujetos que lo retuvieron el 19 de mayo de 1995 en la horas de la mañana.

“Era una época dura de la mal llamada limpieza social. Había muchos muchachos que estaban siendo asesinados en las noches por grupos paramilitares y mi hermano entregó una investigación hecha a mano a la Asamblea Permanente por la Paz en la que denunciaba que miembros de la Quinta Estación de Policía se cambiaban sus uniformes en la escuela del barrio, se vestían de negro, usaban armas de la Policía y mataba a los chicos del barrio”, relató Sandra.

El caso de Jhon y Gloria entró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un mes después de la desaparición, junio de 1995. Aunque el mayor Manuel de Jesús Lozada, quien estaba a cargo del operativo del Gaula cuando desaparecieron, fue privado de la libertad en 1999, cinco años después el juzgado lo absolvió sin que se le notificara a la familia Ubaté Monroy y a su abogado. Por este tiempo en prisión, Lozada demandó al Estado y fue indemnizado.

El caso ha sido tan complejo para la familia de John que incluso, Sandra tuvo que salir dos años después de lo que le sucedió a su hermano hacía Chile, pues constantemente estaba recibiendo amenazas y hasta la intentaron secuestrar. Además, la novia de Jhon y su familia también tuvieron que salir del país hacia Londres con el apoyo de Amnistía Internacional y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) pues les enviaban sufragios y veían a hombre armados rodear su casa.

SEGUIR LEYENDO