Caso Uribe: Piden que Mario Uribe, primo del expresidente, declare contra Diego Cadena

Este 21 de julio se conoció que las víctimas del caso por supuesta manipulación de testigos en contra de Álvaro Uribe Velez pidieron que el primo del expresidente, Mario Uribe, declare en contra del abogado Diego Cadena. La solicitud fue presentada por Reynaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, quien sería uno de los principales afectados en esta situación.

La solicitud se hizo en el marco de la enunciación de las pruebas para la audiencia preparatoria que se adelanta ante el juez tercero de conocimiento de Bogotá, y se argumentó que es importante que se tenga en cuenta ese testimonio porque en un auto de la Corte Suprema de Justicia hay información que conectaría a Mario Uribe con el caso. Según el mencionado documento, el mismo en el que hace unos meses se le ordenó detención domiciliaria al expresidente Uribe, se mencionó que Mario, junto con el abogado Samuel Arturo Sánchez, habrían intentado manipular al testigo Carlos Enrique Vélez.

Además, el expresidente Uribe admitió en su indagatoria que fue Mario Uribe quien le presentó al abogado Diego Cadena.

Es de mencionar que, además de Mario Uribe, también se solicitó que Angela Milena López, quien es otra de las testigos del caso, declare en contra del expresidente. Según el mismo auto de la Corte, la mujer, junto a Cadena, habrían participado en la reunión en la que se definió presentar como testigos a los presos de la Cárcel de Cómbita. De hecho, se presume que dos de esas declaraciones habrían sido elaboradas por López para introducirlas en el proceso.

El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez es uno de los que mayor expectativa ha generado en Colombia, luego de que la Corte Suprema de Justicia, el 16 de febrero de 2018, abriera una investigación contra el expresidente por fraude procesal y compra de testigos. Desde ese momento ha habido muchas especulaciones alrededor del caso e incluso, se ha pedido la preclusión del mismo.

De hecho, el pasado 19 de julio, el alto tribunal admitió una tutela interpuesta por el mismo exmandatario en la que aseguró que no se puede homologar la indagatoria que le hizo la Corte con la imputación de cargos que le hizo la justicia ordinaria después de que renunciara a su curul como senador.

Toda esta situación inició con la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, emitida en noviembre de 2020, que declaró formalmente imputado por presunto fraude procesal y soborno a Uribe. Ante esto, la defensa del expresidente apeló para solicitar se quitara la calidad de “imputado” que le impuso un juez una vez su caso salió de la Corte Suprema de Justicia y pasó a la justicia ordinaria.

“Declarar improcedente el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa invocados por el señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”, se lee en la sentencia.

La solicitud fue rechazada el pasado 27 de enero por el Tribunal Superior de Bogotá, argumentando que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa del exmandatario, tras determinar que él ya pasó por una imputación de cargos.

Ahora, el caso volvió a ser revisado por el magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien terminó admitiendo la tutela. El funcionario respondió a un documento que fue enviado por parte de la defensa del expresidente Uribe en la que se lee:

“Con esta situación y sin mayor respaldo argumentativo, la Honorable Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no entró a valorar el pedimento solicitado por este apoderado, ya que incurrió en una petición de principio al resolver la acción de tutela (que consistía en justamente debatir que el doctor Álvaro Uribe había sido imputado) sobre el fundamento [de] que en virtud de la decisión atacada y cuestionada, ya se había formulado imputación de cargos en contra de mi representado”.

Hay que recordar que la decisión está respaldada por otros dos magistrados: José Fernando Reyes y Jorge Enrique Ibáñez, incluso, por la Procuraduría General de la Nación. Margarita Cabello, encargada del mencionado organismo de control, se pronunció acerca del tema el pasado 10 de julio para pedir que se revisara el fallo del alto tribunal.

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