Oposición radicará proyecto para desmontar el Esmad y devolver la Policía al Ministerio del Interior

Este 20 de julio se radicarán seis proyectos legislativos para la reforma a la Policía Nacional, que ya viste un nuevo uniforme. El Gobierno llevará dos iniciativas para fortalecer la formación y vigilancia de los derechos humanos, así como modificar el estatuto disciplinario; mientras que la oposición apostará por una transformación profunda de la institución con cuatro proyectos de ley.

Aunque las iniciativas que anunciaron los senadores Iván Cepeda, Alexander López Maya y Antonio Sanguino, junto a la representante a la Cámara María José Pizarro, ya fueron presentadas en la pasada legislatura; esperan que con el cambio de contexto social, estas iniciativas también tengan mayor cabida dentro del Congreso de la República.

El senador Iván Cepeda explicó que ellos y el Gobierno tienen dos enfoques distintos de cómo consideran que debería darse la transformación de la Policía. Según él, el Ejecutivo considera que pueden fortalecerse los mecanismos de la institución; mientras que los congresistas alternativos creen que la transformación debe ser profunda.

Por esa razón su propuesta parte de pasar la Policía del Ministerio de la Defensa, donde se encuentra actualmente, al Ministerio del Interior. Ese proceso, que fue recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y volvería a la institución a las condiciones de principios del siglo XX, buscaría que la Policía asuma un papel civil y no militar.

“El proyecto plantea un enfoque totalmente distinto; (actualmente) se parte de un enfoque bélico y hostil con relación a la movilización, hemos escuchado al ministro de Defensa, al general de la Policía, sobre el 20 de julio, son anuncios en los cuales se da por anticipado que va a haber que tratar acciones vandálicas; lo que proponemos es un enfoque totalmente diferente”, afirmó el senador Cepeda.

En ese sentido, los congresistas buscan crear una oficina de diálogo y mediación que sea la encargada de intervenir en un primer momento las alteraciones de orden público para buscar su disuasión. Un enfoque diferente al del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el cual proponen desmontar, para crear un cuerpo que actúe de manera proporcional y sin las armas que han resultado letales en varios casos.

Otro de los cambios que propondrán será la modificación de la Justicia Penal Militar, para que los casos de violaciones de derechos humanos sean competencia directa de la justicia ordinaria y no del fuero de la fuerza pública. Buscan que de esta manera sea más fácil para las familias de las víctimas acceder a la justicia y que no sea, como explicó la representante Pizarro, como en el caso de Dilan Cruz que la familia tuvo que insistir a través de tutela para dejar el caso fuera de los jueces militares.

Otra de las iniciativas radica en modificar el sistema de ascensos de la fuerza pública, Policía y Ejército, para que aquellos que están investigados, hayan cometido faltas o tengan sanciones, no puedan recibir un ascenso. Además, fortalecer el proceso de participación ciudadana en ese procedimiento.

“Ha habido casos en que la Comisión Segunda y la plenaria del Senado han ascendido a personas que están involucradas con falsos positivos, masacres, o violaciones a los derechos humanos y DIH. Oficiales ascendidos inmersos en investigaciones. Necesitamos una reforma al sistema de ascensos. En medio del Paro Nacional se aprobó el ascenso del general Vargas, precisamente el que dio las ordenes que produjeron las víctimas en el Paro Nacional”, afirmó el senador Sanguino.

Estas iniciativas buscan hacer contrapeso de los proyectos en ese sentido que presentará el presidente Iván Duque durante la instalación de la nueva legislatura, pues, según dijo el senador Alexander López, es una propuesta “cosmética” que busca “engañar” a la comunidad internacional, pero no resuelve el problema de las violaciones que se han denunciado en medio de las manifestaciones.

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