El próximo martes 20 de julio se llevará a cabo una nueva movilización que reunirá a diferentes gremios a lo largo de Colombia “para exigir del Gobierno nacional y de sus mayorías en el Congreso una respuesta a la grave crisis humanitaria, social, económica y política que estamos atravesando”.
Para prevenir posibles actos de violencia durante las protestas, que coincidirán con la instalación en Bogotá del nuevo periodo legislativo del Congreso, el gobierno ha puesto en marcha diferentes medidas para mantener el orden social.
En su paso por Bucaramanga este fin de semana, la Minga Indígena hizo un llamado a los manifestantes, especialmente a los miembros de la primera línea, para que durante la jornada no se presenten disturbios.
“Como Minga, como Consejo Regional Indígena, hemos recomendado a las primeras líneas que en paz se puede hacer protesta social, hoy lo hicimos y le estamos dando un golpe a la institucionalidad de que sin vandalismo, como nos han tratado, los vándalos son el mismo Estado que infiltra para provocar”, manifestó uno de los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Cabe recalcar que este sábado, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció las medidas que se tomarán, especialmente en ciudades como Bogotá, durante este martes, fecha en la que se conmemora la Independencia de Colombia.
“Estará dispuesta nuestra fuerza pública y en especial nuestra Policía para acompañar las manifestaciones pacíficas que se desarrollarán tanto en Bogotá, como en otros municipios de Cundinamarca y a nivel nacional. Asimismo, se ha dispuesto el acompañamiento de 6.196 miembros de la Policía y 2.784 uniformados del Ejército”, aseguró Diego Molano.
A su vez, explicó que se protegerán los activos estratégicos como las estaciones y portales de Transmilenio, a la vez que brindarán un acompañamiento en las entradas de Bogotá y en los puntos críticos, donde se han presentado los recurrentes enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la fuerza pública, a través del Plan Escudo.
“Quiero señalar que con la alcaldesa de Bogotá, el ministro del Interior y con los alcaldes de diferente municipios se llegó al acuerdo de no permitir ni bloqueos, ni violencia, ni campamentos permanentes que afecten los derechos a la comunidad, al trabajo, a la sana convivencia en ninguna ciudad y menos en la capital”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.
De igual manera, Diego Molano reiteró que se brindará una recompensa de $70 millones de pesos para los ciudadanos que entreguen información que permitan individualizar a los sujetos que tengan intención de generar vandalismo en Bogotá con el fin de judicializarlos y evitar que cometan estos actos delictivos.
Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca, donde ocurrieron la mayor cantidad de hechos violentos en las pasadas manifestaciones, autorizó el cierre de fronteras en el departamento hasta el 22 de julio “con el propósito de disminuir la velocidad de contagio del covid-19, garantizar la convivencia pacífica y evitar el riesgo de alteración del orden público”.
Cabe recalcar que el pasado 17 de junio, se filtró un audio de la gobernadora del Valle del Cauca, donde señalaba que le había tocado cerrar todo el departamento para evitar que a la capital llegaran diferentes caravanas, pues el alcalde Jorge Iván Ospina no había permitido cerrar las entradas y salidas de Cali.
“No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja. Me toca cerrar es el departamento (...) Jorge Iván me dijo que no me lo permitía y que si yo sacaba decreto cerrando Cali me lo desautorizaba”, se escucha a la gobernadora en el audio que circula en redes sociales.
En el audio, Roldán explicó que los vehículos que ingresaron a Cali transportaban indígenas de municipios que se encuentran al interior del departamento, como Candelaria, Jamundí, Bolívar, Florida, Buenaventura, entre otros y que finalmente no pudo bloquear el ingreso a la ciudad.
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