Sin una acusación formal ante la Corte Suprema, ni tampoco una preclusión a favor en caso de que fuera necesaria, la defensa de Sergio Fajardo se presentó en Nueva York ante la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García, para solicitar a la organización multilateral conmine a la Fiscalía General de la Nación a que presente el caso contra su defendido y no afecte sus derechos políticos.

La defensa, liderada por Mauricio Pava Lugo, ha señalado que el exgobernador de Antioquia continúa a la espera del momento en que la Fiscalía decida llamarlo a juicio, lo que aún no ocurre pese a que fue imputado dos meses atrás.

Argumenta Pava que el proceso debe surtirse en tiempos razonables, pero que el ente investigador pareciera ir en “tiempos más cercanos a la contienda electoral”, en alusión a la imputación hecha contra Fajardo en mayo de 2021, exactamente a un año de las presidenciales colombianas.

“Hemos pedido a las Naciones Unidas que vele por que se cumplan los plazos razonables aplicables a cualquier proceso y que Sergio Fajardo pueda ser escuchado oportunamente por la justicia colombiana”, agregó el abogado luego de elevar su solicitud ante la ONU.

En su momento, Sergio Fajardo manifestó ante el Tribunal Superior de Bogotá que: “No acepto los cargos, jamás he cometido delito alguno, ni en mi vida privada ni en toda mi trayectoria como servidor público. Espero que la Fiscalía nos permita demostrar mi inocencia sin demora ante la Corte Suprema de Justicia”.

Antecedentes del caso que tiene empapelado a Fajardo

El excandidato deberá responder por anomalías en un contrato que implicó el desembolso de 77 millones de dólares, específicamente de un contrato suscrito en 2013 cuando era gobernador del departamento de Antioquia.

Según un comunicado del ente acusador, se obtuvieron elementos materiales de prueba que dan cuenta de la supuesta irregularidad en un contrato de empréstito o préstamo, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.

De acuerdo con lo explicado por el ente acusador, al momento de dicho desembolso, en 2013, el dólar tenía un costo de 1.926 pesos, ya en 2015 el valor superaba los 3.140 pesos, lo cual, dicha obligación interna contraída en dólares, originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos.

Según las redes sociales de la Fiscalía, en los análisis técnicos, financieros y jurídicos evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera y que tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar.

Además de lo ya presentado por la Fiscalía, de acuerdo con la Revista Semana, la institución indaga sobre los presuntos nexos que tendría la secretaria de Hacienda de ese entonces Melba Escobar Navarro con Helm Bank, una institución que fue absorbida por Corpbanca, con la que se hizo el préstamo para Antioquia.

La funcionaria tenía acciones en Helm Bank, y los investigadores buscan establecer si en dicha operación crediticia con Corpbanca hubo algún conflicto de intereses y un favorecimiento.