Una niña indígena embarazada, alianzas con paramilitares y dineros del Estado: detalles de la estrategia del Batallón La Popa para crear ‘falsos positivos’

Este viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos a 15 miembros del Ejército del Batallón La Popa, en Valledupar (Cesar), entre ellos está el coronel Publio Hernán Mejía y su reemplazo, Juan Carlos Figueroa. En el Auto de 397 páginas, la Sala de Reconocimiento de la JEP estableció puntos importantes como las alianzas con paramilitares, el asesinato de menores de edad y el pago con dineros públicos a soldados.

Según los documentos oficiales, tras la llegada de Mejía a este batallón, se implementó una estrategia nueva que terminó incrementando el pie de fuerza de la unidad con un crecimiento en el número de soldados y efectivos en general por lo que terminó convirtiéndose en uno de los batallones más grandes del país y con alta relevancia.

“Su comandante, en el marco del cumplimiento de sus funciones legales, contaba con la autonomía para desarrollar las órdenes impartidas de sus superiores, y podía ejercer el mando y control sobre sus subordinados, en el marco de una institución jerárquica y con reglas claras para su funcionamiento”, explicó el Auto.

Con su mandato, Hernán Mejía gestó una alianza con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) gracias a que, a pesar de ser un grupo ilegal que debía combatir la fuerza pública, se estableció dentro de la unidad militar que una alianza con los paramilitares era viable ya que su enemigo principal era la guerrilla, “ello explica la familiaridad que se tenían unos a otros y el hecho de que llegaran a patrullar y a adelantar operaciones conjuntas”.

Las relaciones con los militares se daban porque eran familiares o simplemente habían coincidido en algún espacio. “Especial relevancia tuvo en ese contexto la doble militancia de algunos miembros de la Fuerza Pública que hicieron parte de los grupos paramilitares y permitieron constituir vasos comunicantes y facilitar relacionamientos entre este grupo y los miembros del Ejército”, explicó la JEP.

Por eso hay casos como los de alias 39229 o alias 101230, integrantes del Bloque Norte, que operaron en jurisdicción del Batallón La Popa, y que, previo a conformar el grupo paramilitar, hicieron parte del Ejército.

Con esta unión los paramilitares se encargaron principalmente de la entrega de personas señaladas de colaborar con la guerrilla o de pertenecer a ella, e incluso, muchas veces entregaron a propios miembros de su grupo criminal por estar señalados de alguna irregularidad y también eran presentados por el Ejército como bajas en combate.

La JEP también identificó que en varias ocasiones se hicieron pagos a estos grupos paramilitares por las muertes que le solucionaban al Ejército y parte de esos dineros provenían del gasto público.

Mujeres indígenas fueron ‘falsos positivos’

El 27 de octubre de 2002, en la vereda Bocas del Tigre (Bosconia), una mujer y 17 personas más fueron entregadas por los paramilitares a los militares del Ejército para asesinarles y entregar más inocentes camuflados como bajas en combate.

“Se estableció que [ella] era la única vestida de civil, que había dado a luz recientemente y que, al parecer, aún se recuperaba del parto, junto con un hombre que se encontraba en ropa interior, se encontraba desarmada y en estado de indefensión”.

La JEP reportó que la víctima recibió impactos de bala en la columna, en los muslos derecho e izquierdo y en el cráneo. Esta mujer fue presentada como persona no identificada dada de baja en combate por integrantes del Batallón La Popa.

Otro hecho se dio el 17 de agosto de 2003 cuando una mujer entre los 18 y 25 años que había sido secuestrada un día antes, fue asesinada y presentada como baja en combate. Por otro lado, Nohemí Pacheco Zabata, indígena wiwa de trece años, fue ejecutada por integrantes del Ejército previo señalamiento realizado por integrantes de las AUC. La Sala estableció que la víctima estaba embarazada, que los familiares de la víctima suplicaron que no se la llevaran y se evidenció también que fue amordazada y trasladada al lugar de su ejecución a pesar de sus ruegos y llanto.

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