JEP imputa a dos coroneles y 13 militares por ‘falsos positivos’ en el Batallón La Popa, en Valledupar

Este jueves la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció 15 imputaciones más en el caso 03 que investiga los ‘falsos positivos’. Esta vez los coroneles adscritos al Batallón La Popa, en Valledupar, (r) Publio Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa y otros 13 militares fueron señalados como responsables de 126 asesinatos a civiles inocentes y presentados como bajas en combate.

La JEP determinó que entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, estas personas ejecutaron al menos 120 desapariciones forzadas y asesinaron a 126 personas en el Cesar. Esto viene después de la imputación a otros 10 militares y un civil que anunció la JEP hace unos días por el mismo crimen, pero en el Catatumbo (Norte de Santander).

En el caso de los coroneles (r) Mejía, quien ha sido candidato presidencial, y Figueroa, responderán por ser autores mediatos en el homicidio de persona protegida y desaparición forzada, lo que la JEP calificó desde el primer Auto de imputación como crímenes de guerra y lesa humanidad, basados en el Estatuto de Roma. Los otros 13 militares son:

Mayores e imputados como coacutores:

- José Pastor Ruiz Mahecha

- Guillermo Gutiérrez Riveros

- Heber Hernán Gómez Naranjo

Sargentos:

- Efraín Andrade Perea

- Manuel Valentín Padilla Espitia

- José de Jesús Rueda Quintero

Subtenientes:

- Eduart Gustavo Álvarez Mejía

- Elkin Leonardo Burgos Suárez

Soldados:

- Yeris Andrés Gómez Coronel

- Alex José Mercado Sierra

- Juan Carlos Soto Sepúlveda.

Teniente:

- Carlos Andrés Lora Cabrales

Cabo tercero:

Elkin Rojas

En este caso de la Popa, la Sala de Reconocimiento destacó que hubo alianzas entre el Ejército con grupos paramilitares además indicó que asesinaron a personas que fueron señaladas como auxiliares de la guerrilla y ‘bandidos’. En general, la JEP identificó que las personas seleccionadas estaban en situaciones de marginalidad tanto económicas o sociales, como se ha conocido en otras casos.

Según la JEP, Publio Hernán Mejía inició en 2002 una alianza con los paramilitares del Bloque Norte para asesinar inocentes y el 87 % de los resultados en su comandancia fueron determinados como asesinatos y desapariciones. La Sala de Reconocimiento también reveló que en ese tiempo se usaron dineros y bienes públicos para presentar civiles muertos y también para pagar a los responsables de asesinar.

También señaló que la JEP identificó que los reconocimientos y beneficios como permisos, viajes, descansos y pagos en dinero, acompañados de una permanente presión por bajas, fueron usados por la comandancia del batallón.

Por ahora, los imputados tendrán 30 días hábiles para enviar las observaciones de los comparecientes y si aceptan los cargos, se organizarán audiencias públicas de reconocimiento para aportar a la verdad. En caso de negarlos, se enfrentarán a juicio con la Unidad de Investigación y Acusación. Si los 15 militares son encontrados culpables y los vencen en juicio, podrán recibir condenas de hasta 20 años de cárcel por negarse a colaborar con la verdad.

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