Hoy, jueves 15 de julio, en el Gran Teatro Lumiere del festival de cine francés de Cannes, es la premier de ‘Memoria’, una cinta con coproducción colombiana, dirigida por Apichatpong Weerasethakul. El largometraje, que este año compite por la Palma de Oro, el máximo galardón de ese importante encuentro cinematográfico, cuenta con la participación de los actores colombianos Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz, quienes protagonizan la historia al lado de la actriz británica, ganadora del Óscar, Tilda Swinton. Mientras se encontraban desfilando por la alfombra roja, ante la prensa internacional, Elkin y Juan Pablo alzaron una bandera de Colombia contramarcada con el mensaje ‘S.O.S’.
En las fotografías y en los videos que registraron el momento, que algunos internautas han calificado de ‘emotivo’ y ‘valeroso’, se ve, además de a los actores colombianos, a Tilda Swinton, a la francesa Jeanne Balibar, y al director de ‘Memoria’, Apichatpong Weerasethakul.
Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a ambos actores que no dudaron ni desaprovecharon la oportunidad para protestar públicamente, y ante los ojos del mundo de expertos del cine, en contra de lo que ha venido sucediendo en Colombia. Fue el pasado 28 de abril cuando los colombianos salieron a una primera jornada masiva de protestas en contra del Gobierno de Iván Duque que, para ese entonces, generó revuelo entre la población por, entre otras cosas, querer implantar una reforma tributaria que, por los opositores de la misma, fue calificada como inviable e injusta.
A la espera de un nuevo día de manifestaciones, programadas para el próximo 20 de julio, han sucedido varias cosas dentro del ambiente político y social nacional. Además de la caída inminente de aquel primer proyecto de reforma tributaria, y de otras victorias para la población manifestante, como la renuncia del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, o la caída de la también reforma a la salud, se ha denunciado públicamente, y ante el mundo, lo que ha sido, de acuerdo con la población, represiones abusivas y violentas, en contra de ellos, por parte del Gobierno Nacional y a manos de la fuerza pública.
De acuerdo con la ONG temblores, una de las entidades que estuvo al frente de los reportes de abusos policiales, al parecer, cometidos por el ESMAD, hasta el 28 de junio, último día que tienen de registros, hay 4.687 casos de violencia a la ciudadanía cometidos por parte de policías, de los cuales, 1.617 serían de personas que aseguraron haber sido violentadas físicamente, 2.005 habrían sido detenidas arbitrariamente, y 28 personas que denunciaron violencia sexual en su contra.
Estas cifras, sin embargo, sin contar con las 82 agresiones oculares que se reportaron, más los 228 disparos hechos por la fuerza pública, las 784 intervenciones violentas, los 48 casos de afectaciones respiratorias por el uso de gases dispensadores, y los 35 casos de uso del arma Venom por parte de los uniformados. Todas estas cifras, sin embargo, todavía son controvertidas y debatidas.
Fue el pasado mes de junio cuando un equipo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país para revisar y verificar aquellos señalamientos de violencia. Durante varios días, los expertos hablaron con algunos de los implicados en la coyuntura nacional y, en conclusión, entregaron algunas recomendaciones al país respecto al respeto dentro de las manifestaciones ciudadanas pacíficas. En su comunicado aseguraron, de manera literal, que “la respuesta del Gobierno se basó en el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluido la fuerza letal”.
La CIDH, en respuesta, instaló, en Colombia, un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos y entregó 40 recomendaciones, entre las que destacaron ”la promoción y fortalecimiento de un proceso de diálogo genuino” y “garantizar y respetar el derecho a la protesta”.
La administración del presidente colombiano, Iván Duque, por su parte, rechazó las acusaciones de la ciudadanía y aseguró que no es posible ser ‘tolerante’ con ‘actos de criminalidad’, “los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la Constitución y la ley”, comentó el jefe de Estado.
El próximo 20 de julio, como se mencionó anteriormente, se realizará una nueva jornada de manifestaciones que, justamente, coinciden con el Día de la Independencia del país. La autoridades, desde hace unos días, vienen advirtiendo de presuntas intervenciones violentas para aquellos días que, según ellos, podrían afectar a la población.
“Hoy, desde Popayán, reitero que no vamos a permitir que el vandalismo y los bloqueos afecten la reactivación y la tranquilidad de los colombianos, como lo pretenden hacer ELN y disidencias de Farc, financiando caravanas hacia Bogotá para cometer actos violentos por el 20 de julio (...) Garantizamos la protesta pacífica, pero la violencia y el crimen no los vamos a aceptar. Reitero además toda la disposición del Gobierno para mantener las mesas de negociación con campesinos, comunidades indígenas, el CRIC, jóvenes, comunidad afro, entre otras”, aseguró el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.
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