En la mañana de este jueves 15 de julio, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió condenar a Roger Pastor Mosquera Lozano, exgobernador encargado de Chocó, a 185 meses de prisión luego de establecer que durante su paso por el cargo en el departamento del Pacífico Colombiano cometió actos irregulares en dos contratos.
Según la Corte Suprema de Justicia, Mosquera suscribió de manera irregular dos acuerdos para pagar obligaciones laborales. Por esta razón la Sala Especial condenó al exgobernador por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y peculado por apropiación a favor de terceros en concurso homogéneo.
Los hechos a los que hace mención la justicia colombiana en contra del político sucedieron entre el 5 de diciembre de 2007 y el 3 de enero del 2008, es decir, durante el mes en el que Mosquera fungió como gobernador encargado del departamento del Chocó. Las autoridades establecieron que tan solo una semana después de ocupar el cargo Mosquera realizó dos acciones irregulares, específicamente en los procesos ejecutivos 12686 y 13462.
Estos dos procesos ejecutivos se estaban tramitando en dos juzgados del circuito de Quibdó y que eran unas demandas que habían sido presentadas por dos extrabajadores de la Asamblea Departamental.
La investigación del caso señaló que en estos dos casos Mosquera acordó pagar obligaciones laborales que ya habían sido canceladas, otras que no fueron causadas o no eran exigibles judicialmente, abriendo camino a un acto ilegal y omitiendo además el deber de surtir el trámite ante el Comité de Conciliación y consultar a la Oficina Jurídica del departamento.
La Corte Suprema agregó que “que el procesado hubiera optado por favorecer a un grupo de extrabajadores de la Asamblea Departamental, suscribiendo dos acuerdos en los que se transaron las Litis que pretendían el reconocimiento de cesantías y sanciones por mota de manera arbitraria, permitiendo el camino ilegal, demuestra el desapego total a los principios de moralidad, transparencia, eficacia e imparcialidad que estaba compelido a cumplir en el ejercicio de la función pública que detentaba”.
Además, la Corte Suprema señaló que esos acuerdos y transacciones, en primera medida, no le estaban permitidos a Mosquera en calidad de gobernador encargado. Por otro lado, que comprometió a la entidad territorial con montos a pagar por $1.480.000.000 y 3.375.000.000, recursos públicos que no adeudaba la gobernación.
“Más allá de la lesividad intrínseca predicable de cada uno de los delitos atribuidos al procesado, apreciada en su conjunto la conducta reprochada, se advierte de inusitada gravedad, no solo en razón de la afectación por igual de diversos bienes jurídicos tutelados –fe pública y administración pública-, sino por la repercusión social del comportamiento”, señaló la justicia.
Ante esto, la Sala Especial de Primera Instancia condenó a Roger Pastor Mosquera Lozano a 185 meses en prisión, es decir casi 15 años y medio, por estos casos. Pero no solo esto, sino que también ordenó que Mosquera deberá pagar a la Tesorería de la Gobernación la suma de $4.129 millones de pesos y a pagar $8.931 millones de pesos adicionales por perjuicios derivados de su conducta.
Todo esto porque para la Sala Especial de la Corte Suprema, el exgobernador encargado “sin el menor asomo de recato frente al público despliegue de ilegalidad que en sí mismo ese acto representaba, circunstancias indicativas de la poca estima que la dignidad por el ejercido le representaba”.
Además, compulsó copias a Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura para que estas entidades investiguen las posibles conductas delictivas y faltas disciplinarias en las que pudieron incurrir los abogados de los extrabajadores demandantes. De la misma forma en el caso del juez, cercano a uno de los abogados que falló el caso.
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